está imponiendo a los países en desarrollo y, por ejemplo, la de Estados
Unidos.” (Stiglitz: 2003, p. 29)
Por: Héctor Huerto Vizcarra
En el texto El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina Joseph Stiglitz plantea una diferente perspectiva de análisis de los problemas económicos de América Latina. De esa manera, se presenta disconforme frente a las políticas económicas imperantes en la región desde la década de los 90’s. Si bien es cierto el inicio de dicha década se caracterizó por un breve repunte en la economía de la región, con un incremento de su productividad, en contraposición con la crisis económica de la década pasada, para este autor dicha mejora económica no fue una consecuencia de las reformas aplicadas desde los inicios de los 90’s, sino el repunte natural de un mercado tras salir de una etapa de recesión. (Stiglitz: El rumbo de las reformas, p. 19)
Desde ese punto de vista queda claro que las denominadas ventajas de las reformas económicas de los 90’s, amparadas dentro del Consenso de Washington, pierden todo tipo de valor. Para el autor tampoco tienen mayor justificación en la medida en que dichos planteamientos económicos no fueron empleados en su momento por las ahora potencias industrializadas, tal como lo afirma en la cita inicial de este texto. Por eso no duda en calificar que el experimento de reforma ha fracasado en América Latina, en la medida en que muchos países sufren recesiones, depresiones y crisis que recuerdan los años de la Gran Depresión.
Entonces, se hace necesario explicitar de forma más detallada lo que para Stiglitz significa este fracaso. Aunque el crecimiento medio de América Latina durante los 90 es superior a la década anterior, representa un poco más de la mitad de las tasas de crecimiento de los años 50, 60 y 70. Es decir, el libre mercado y el Estado minimalista fueron incapaces de generar un crecimiento mayor a los que se dieron en décadas pasadas, donde el Estado era más fuerte y existían mayores ingerencias por parte de los gobiernos para controlar al mercado.
De igual forma, estas reformas generaron mayor inestabilidad económica en la región. Casi todos los países pasaron por periodos de crecimiento negativo, con lapsos de tiempo que varían entre uno a más años. Asimismo, el nivel de pobreza en América Latina se incrementó levemente en dicha década, y la brecha entre pobres y ricos aumentó en la mayoría de casos, generando así mayor desigualdad. Todo ello ha contribuido indirectamente a que se mantenga una democracia meramente electoral, en donde la población no tiene mayor ingerencia en las tomas de decisiones del gobierno. En resumen, para Stiglitz el fracaso se debe a la forma como se planteó que funcionaba el mercado y la función que debía tener el Estado en el mismo.
Dentro de esa perspectiva es innegable encontrar similitudes con la realidad económica peruana. En donde se puede evidenciar que, la crisis económica que vivió el Perú en la década de los 80’s comenzó a darse a finales de los 70’s cuando el gobierno militar de Morales Bermúdez cada vez más se vio agobiado por las deudas contraídas por el propio régimen militar y los regímenes pasados con entidades del extranjero. En 1973 se tenía una deuda externa de 4 132 millones de dólares y para 1979 dicha deuda se había más que duplicado en 9 334 millones de dólares.1 Todo ello vino de la mano con una inflación preocupante: de tener 4.2% de inflación en 1972, en 1979 se tenía una inflación del 66.7%.
Esto conllevó a que en el primer gobierno democrático de los 80’s decretara la moratoria de la deuda externa peruana en 1984. Sin que por ello fueran ajenos flagrantes casos de corrupción y malos manejos de la deuda externa peruana. Para 1981 se había obtenido un préstamo para la compra de dos motonaves, las cuales se malograron en 1984 sin haber entrado en actividad. Lo cual resultó escandaloso.2 Sin embargo, a pesar que el gobierno aprista de la segunda mitad de los 80, pago más del 10% de su presupuesto anual por el concepto de deuda externa, la misma se incrementó en 22 856 millones de dólares para 1990. La deuda externa creció en esa década en alrededor de un 250%. Para esto, también hay que tomar en cuenta las astronómicas cifras que alcanzó la inflación peruana para el final del primer gobierno de Alan García. Con ello, el panorama de la crisis económica está más completo.
Dentro de este panorama, las reformas del Consenso de Washington se aplicaron en el Perú casi al pie de la letra, como el remedio para contener la crisis económica de la década pasada. Generando una sensación inicial de bienestar entre la población, por la llegada de capitales al país, entre los que destacaba el dinero recaudado por la venta de las empresas estatales, el cual en un primer momento sirvió para solventar los incentivos de renuncia de decenas de trabajadores públicos. Tal como lo afirma Stiglitz, al parecer, en el Perú estas inversiones se emplearon más en el consumo que en la inversión de proyectos de largo plazo.
Curiosamente, estas reformas económicas vinieron de la mano con la irrupción del régimen democrático, y con casos de corrupción en cuanto al manejo de los fondos públicos provenientes de las privatizaciones y al manejo de la deuda externa. Contraviniendo de esa manera la idea de que un Estado liberal en cuanto a materia económica asegura una mayor eficiencia y menores niveles de corrupción.
No solo la población peruana se vio afectada en la parte económica, donde un 60% se mantuvo dentro de una situación de pobreza, sino que la nueva política del Estado de fomentar el libre mercado y aplicar el menor control sobre el mismo, afectó también los derechos y libertades del ciudadano. Mermando así su derecho a la participación, y a que su opinión sea escuchada, en beneficio de los intereses de determinadas empresas o inversiones. Esto se hizo evidente en el Perú en la minería. Por ello, cabe resaltar los conflictos generados entre empresas mineras y la población circundante en Tambrogrande (2004) y Majaz (2003-2007), ambos en Piura. En el caso de Majaz se evidenció que se habían socavado los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de las áreas rurales. No solo se les puso trabas a la población para participar en el proceso de implementación de la Minera Majaz, que afecta las tierras de dos comunidades campesinas, sino que se violaron los derechos de propiedad de los comuneros. Todo ello con el aval del propio Ministerio de Energía y Minas.3
Entonces, dentro de esta situación caótica, ¿hasta qué punto las propuestas de reformas (de las reformas) de Stiglitz son necesarias en el Perú? Lo que se hace imprescindible en la coyuntura actual es que el Estado asuma un rol regulador dentro del mercado, que ponga trabas a los capitales golondrinos, que proteja a los inversionistas nacionales y que promueva la industria. Es evidente que el Perú como un mero exportador de materias primas en el mercado mundial no puede aspirar a convertirse en un país “desarrollado”. Asimismo, desde mi punto de vista, el Estado tiene que garantizar que el gobierno represente a las poblaciones locales frente a cualquier conflicto con inversionistas nacionales o extranjeros, garantizando así los derechos individuales y sociales de esas personas. Para ello es importante que el Estado cuente con instituciones independientes que asuman la tarea de mediar estos conflictos, puesto que es imposible que el gobierno sea juez y parte.
Según Stiglitz, el Estado no tiene que ser minimalista ni tiene porque administrar necesariamente mal las empresas públicas. Es más, enfatiza la necesidad que el Estado construya una red de protección social para los ciudadanos. Lo que en términos prácticos significa que, se vuelva a fortalecer la seguridad social en el Perú. Para el autor es importante además, que el Estado garantice a la población el derecho a trabajar, lo que no solo significa generar nuevos puestos de trabajo sino garantizar ciertos derechos laborales, como la estabilidad laboral. También implica la formalización del sector informal de la economía. Igualmente, se tiene que fomentar una tributación equitativa, tal como sucede en Finlandia actualmente, en donde se tribute escalonadamente, de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Así, las personas que tributen más serán lo individuos que tienen mayor capacidad adquisitiva.
Stiglitz plantea además que para no depender del crédito extranjero, o para evitar que dichos créditos se concentren en la capital, se tiene que fomentar la creación de bancos locales y programas de ahorro en la población. También afirma que el Estado tiene que asumir una política de microcréditos que ayude a los empresarios nacionales a salir adelante. Para esto, es necesario para el autor que exista un clima propicio de negocios, tanto para inversores extranjeros como nacionales. Esto significa que la violencia y la inestabilidad política tienen que ser controladas mediante la participación política de los ciudadanos en las decisiones públicas y el respeto de sus derechos fundamentales, dentro de la concepción más amplia del término.
Desde luego, la educación se convierte en un pilar imprescindible dentro del crecimiento económico del país. Para ello no solo se necesita un mayor gasto público en el sector, sino una renovación en los contenidos de la misma. En donde el estudiante pueda aprender de forma práctica el ejercicio de su ciudadanía dentro del marco de su ubicación temporal, cultural y geográfica. Es importante entonces que el alumno se ubique dentro de un marco histórico establecido, con una suficiente capacidad crítica para analizar estos acontecimientos. Desde la educación también, se puedan inculcar hábitos de vida más saludables, que tomen en cuenta el respeto al medio ambiente y que reivindiquen el consumo de productos de origen andino que representan una alternativa alimenticia nutritiva y barata para la población.4
Por último, Stiglitz plantea que resulta importante que el Estado fomente la creación de medios de comunicación alternativos y locales, que impidan el monopolio y que permitan, dentro de sus limitaciones, la participación de la población. Esta idea fue corroborada en la práctica reciente en el Perú cuando en este año se llevó a cabo la consulta popular sobre la Minera Majaz, donde la radio Cultivalú, representó una postura crítica y disidente en relación a la postura del gobierno que era pro minería.5
Sin estas nuevas reformas, que implican en el fondo una transformación de la sociedad, es improbable pensar que se pueda construir una economía más saludable que se refleje en el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más pobres, y en el crecimiento del país.
1 Carlos Parodi. Perú 1960-2000: políticas económicas y sociales en entornos cambiante, p. 140 Estas cifras se refieren a la deuda externa total, que incluye la pública y la de entidades privadas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas solo la deuda pública externa en 1970 llegaba a 945 millones de dólares; en 1973 a 1491 millones de dólares; en 1979 a 5764 millones de dólares. La deuda con el Club de París, en el lapso de 1970 a 1979, creció 8 veces, mientras que la deuda con la Banca Internacional creció 11 veces al valor que tenía en 1970.
2 Héctor Huerto. Apuntes para la deuda externa e interna del Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com
3Héctor Huerto. Redoble por Majaz.Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com
4Esto se contradice con el intento actual del gobierno del APRA de ilegalizar la harina de la hoja de coca.
5Héctor Huerto. Redoble por Majaz.Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com
