Redoble por Majaz: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú (II Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Donde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-

Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).

No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en cuenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.

Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.

Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).

No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.

Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.

De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.

Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.

La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.

Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista (PN), que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el PN tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera su votación quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.

A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007). Con la consulta se ha demostrado que esa oposición supera ese 50%.

De cómo es posible repetir una historia.-

No se trata de restarle oportunidades a la inversión minera en el país, de lo que se trata es de debatir las formas como ésta debe desarrollarse en el Perú para que no termine socavando las bases de nuestra democracia. Se tiene que ratificar la importancia de la relación entre cualquier compañía minera con la población local circundante. Humberto Campodónico lo ha dejado muy en claro: en la actual legislación internacional sobre la minería, la participación y la consulta de las poblaciones de las zonas mineras, es decir, la llamada licencia social, resulta indispensable para la estabilidad de largo plazo de las inversiones (La República, 9 de setiembre).

En este caso específico, la Minera Majaz es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar los vicios del proceso en su segundo informe, fechado en noviembre del 2006. Sostiene que dicho caso muestra las deficiencias crónicas en relación al gobierno y la regulación de la exploración minera en el país. Estas deficiencias socavan los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de áreas rurales, cuyos derechos son ya vulnerables. Además, afirma que la implementación del Proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Todo ello con conocimiento del Ministerio de Energía y Minas.

El PSG suscribe todo lo aseverado por la Defensoría del Pueblo y afirma que éste resulta ser un caso emblemático porque pone en relieve la debilidad de los derechos de las comunidades afectadas por las minas. También señala que el caso muestra dramáticamente como la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado a las poblaciones locales. Por ende, existe el peligro real de que se pueda agudizar la violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca.

Aunque el PSG afirma que el Proyecto Minero, tal cual está concebido, no implica mayores daños para el medio ambiente ya que les parece manejable, indican que la presencia de la Minera no ha aumentado las oportunidades económicas de la población. Mas bien, se ha incrementado el nivel de inseguridad humana, no solo en las relaciones entre la empresa y la población sino también al interior de los habitantes y de sus familias. Además, afirman que ha disminuido el nivel del empoderamiento de las personas; es decir, su capacidad de sentir que se tiene poder para opinar sin sufrir algún tipo de represión o discriminación.

Frente a todo ello, es notoria la actitud del Estado a favor de la Minera Majaz, a quien se le respetan todos sus derechos y libertades, incluso de manera ampliada. Al contrario, las comunidades campesinas y la población en general sufre de un recorte de sus propios derechos y libertades. Esta situación no hace más que asemejarse a lo ocurrido en el Perú hace muchos años atrás, cuando muchas comunidades de la sierra central vieron sus tierras afectadas por las compañías mineras y sus derechos ciudadanos prácticamente anulados.

Como lo han afirmado algunos comentaristas, la solución no pasa por oponerse a todo tipo de actividad minera, sino en la forma como ésta debe llevarse a cabo, sobre todo en la relación que el Estado debe establecer entre dichas compañías mineras y la población circundante. El Estado debe dejar en claro, en adelante, si es el representante de todos los peruanos o solo de algunas compañías comerciales. De eso dependerá que la historia no vuelva a repetirse, y que la guerra silenciosa continúe o no librando sus incruentas batallas.

Nota: El artículo en su totalidad se lo pueden descargar en el link a continuación:

Redoble por Majaz

Redoble por Majaz I Parte: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú

“La humanidad se arrodillaba, suplicaba gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa.” (Manuel Scorza: Redoble por Rancas)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

A veces, la literatura se acerca a la historia de tal forma que llega a simbolizarla y a retratar una época. Tal es el caso de Redoble por Rancas, que narra la continua, desigual e injusta lucha de la comunidad campesina de Rancas contra una gran compañía minera: La Cerro de Pasco Corporation (USA).

Sin embargo, de haberse escrito este año, podría haber retratado perfectamente lo que sucede en estos momentos en Piura. Si bien es cierto en este caso se trata de dos comunidades campesinas afectadas: Yanta y, Segunda y Cajas; y de una compañía minera de capitales chinos. ¡Paradojas del capitalismo!

Sobre las circunstancias en que surge esta historia.-

En los últimos quince años, con la liberalización de nuestra economía, la desestabilización de muchos sindicatos, y la eliminación de varios beneficios laborales (como la estabilidad laboral), el Perú ha logrado un notable crecimiento de la producción y de la exportación de minerales. De esta forma, en los 90’s el área afectada por concesiones mineras aumentó de 4 millones a 16 millones de hectáreas. Así, a fines de la década pasada, aproximadamente el 55% de las 6 mil comunidades campesinas del país estaban ubicadas en zonas influidas por la minería (Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura: PSG 2007)

Si bien es cierto estas no son las únicas causas, resultan sumamente importantes para los inversionistas extranjeros del sector minero, al momento de decidir en que región del mundo van a invertir. Por eso no resulta extraño que dichos inversionistas coloquen al Perú en el puesto 43 cuando se mide nuestro actual potencial minero en relación con nuestras actuales regulaciones y restricciones del uso tierras. Asimismo, cuando se hace la medición de nuestro potencial minero en relación a hipotéticas regulaciones, mucho más flexibles, en donde no existen restricciones de ningún tipo en cuanto al uso de la tierra, el Perú ocupa el primer puesto. (Encuesta Anual de Compañías Mineras: Instituto Frasier 2005-06)

Lo anterior también tiene mucho que ver con el retorno del sistema democrático en nuestro país, que ha permitido, en estos últimos años, que se fortalezcan nuestras leyes laborales, que se controle mejor a nuestra economía y se recompongan nuestros frágiles sindicatos. Esto es notorio en el estudio anterior cuando se analizan los puestos que ha venido ocupando el Perú en el primer cuadro descrito. De ocupar el puesto 6 en el 2002-03, pasamos al puesto 9 en el 2003-04, de ahí al puesto 19 en el 2004-05, para estar finalmente en el puesto 43, ya mencionado anteriormente. (Frasier 2005-06) Igualmente, es posible que el restablecimiento de las libertades democráticas haya permitido que aumenten los conflictos sociales entorno al tema minero, en la media en que la población se ha sentido más segura al reclamar. Así, la Defensoría del Pueblo registró 33 problemas distintos relacionados al tema de la minería en el 2005 (PSG 2007).

En el caso específico de Piura, se puede decir que dicha región no tiene una trayectoria histórica minera, como si la tienen otras regiones en el país. Sus antecedentes mineros se remontan a un anterior conflicto social, el caso de Tambogrande, que es casi reciente. Mas bien, su producción se orienta a la pesca, a los hidrocarburos y a la agricultura. En el último caso, según el Perú Support Group (PSG), entre 1970 y 1994 el sector agrícola piurano creció a 1. 18% anual, mientras que el PBI departamental creció a 1.51%, lo que evidencia que la agricultura, como actividad económica, no es lo suficientemente importante como para elevar el nivel de vida de la población. Esto también significa que, a pesar de que genera mucho empleo, tiene una baja productividad y una producción orientada básicamente al mercado interno. (PSG 2007)

Sin embargo, su actual producción agrícola no es nada desdeñable, menos aún su potencialidad. La producción de limones en Piura está entre los primeros 15 países del mundo, así también, su producción de mangos. Igualmente, así como el Perú utiliza solo el 33% de las tierras agrícolas que posee, Piura solo utiliza 115 mil hectáreas de las 180 mil que puede cultivar. Incluso, según una investigación, se podría irrigar 150 mil hectáreas más (Piura, actividad económica, desarrollo y ambiente: Correa 2006). Evidentemente, para que esto sea una realidad, es necesario de parte del gobierno central un apoyo al sector agrícola.

Sobre los acontecimientos que parieron el conflicto.-

Todo comenzó remotamente, allá por el comienzo de la década de 1990, cuando el yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallado. De ahí pasaron algunos años hasta que los derechos de exploración fueron adquiridos por Monterrico Metals, de financiación británica, en el 2003. A partir de ese momento, empezó realmente esta historia.

Dicho yacimiento se encuentra básicamente en un lugar denominado como Henry’s Hill, que abarca las tierras de dos comunidades campesinas: Segunda y Cajas, y Yanta; afectando en total 1 000 hectáreas, de las cuales la mayoría pertenecen a Yanta. El PSG señala que dichas tierras no están particularmente pobladas ni intensamente cultivadas, y se utilizan más bien, como tierras de pastoreo o de “reserva”. Asimismo, vale la pena mencionar que, ambas comunidades campesinas son particular y excepcionalmente extensas y pobladas. Segunda y Cajas comprende territorialmente todo un distrito (Carmen de la frontera) y más. A su vez, las tierras de Yanta están divididas entre dos provincias, Ayabaca y Huancabamba, aunque sus poblados están en la primera.

Aunque la exploración minera comenzó a mediados del 2002, recién en el 2003 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por la Minera Majaz, controlada por Monterrico Metals, con lo que legalmente tenía la autorización para realizar exploraciones en la zona. Sin embargo, la legalidad de esa autorización fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo en un informe fechado el 9 de agosto del 2006.

En ese informe la Defensoría del Pueblo afirma que se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados por ley para conceder el permiso a la empresa. Además, encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la evaluación ambiental realizada por la minera, consignaron erróneamente el nombre del área donde se iba a hacer la exploración. También, halló que el MINEM no solicitó como requisito indispensable para obtener la aprobación de la evaluación ambiental, el permiso de los dueños de los terrenos. Finalmente, señaló que como los propietarios de esos terrenos son comunidades campesinas, se requiere que el permiso de exploración sea otorgado por dos tercios de los miembros de la comunidad, y que la Minera Majaz solo había obtenido el permiso de algunos líderes de dichas comunidades.

Como respuesta de todo ello, el MINEM no aceptó las responsabilidades del caso y negó cualquier error en su proceder, e incluso afirmó que el permiso de los dos tercios de los miembros de la comunidad no era necesario para aprobar solicitudes de exploración. Es decir, que no se necesita el permiso de los dueños de los terrenos si una minera cualquiera quiere explorarlos. Con esa lógica, los derechos de propiedad no tienen ningún valor para el Estado.

Por ello, este proceder de la Minera generó desconcierto entre la población, la cual no tardó en reaccionar. Las primeras acciones de ambas comunidades campesinas fue desconocer los permisos otorgados por algunos de sus líderes a la Minera, los cuales en su mayoría eran permisos para “pruebas sísmicas”. De esta manera, en la asamblea de la comunidad de Segunda y Cajas del 18 de mayo del 2003, se declaró nula la autorización para prospección sísmica, otorgada por su junta directiva comunal a la Minera Majaz. Prohibiéndose en sus terrenos todo tipo de actividad minera. Este acuerdo fue ratificado por una resolución comunal el 26 de enero del 2004. La comunidad de Yanta no se quedó atrás, y en su asamblea general del 10 de enero del 2004 declaró por unanimidad su oposición a la minería y la no existencia de permiso alguno que permita a la Minera operar en sus tierras. Sin embargo, a pesar de estas acciones en defensa de su derecho de propiedad, el MINEM hizo caso omiso de estas protestas.

Entonces, comenzaron las protestas. El 22 de abril del 2004 un gran contingente de ronderos y comuneros se dirigieron al asiento minero para protestar, pero fueron repelidos por la policía, lo que ocasionó la muerte de un campesino, Reemberto Herrera Racho, al impactarle una bomba lacrimógena en la cabeza. A raíz de estos sucesos se intentó llegar a un diálogo, pero tanto los dirigentes de las comunidades campesinas como de las distintas organizaciones sociales no confiaron en el resultado del mismo.

La tensión quedó latente en la zona. Por lo mismo se organizó para el 25 de julio del 2005 una segunda marcha hacia el asentamiento minero, que reunió alrededor de 3 mil ronderos de Yanta, con apoyo de ronderos y campesinos de Segunda y Cajas, San Ignacio y Namballe. Siendo estos dos últimos centros poblados de la región de Cajamarca. Nuevamente se produjeron enfrentamientos con la policía que ocasionaron otro muerto: el campesino Melanio García González.

Por último, la violencia tuvo un capítulo más, cuando se realizaba un taller organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, que reúne a varios alcaldes, además de los líderes de las comunidades campesinas, de las rondas y de los frentes locales de defensa. Los participantes del mismo fueron atacados por campesinos pro mina que habían llegado organizados y armados con piedras (PSG 2007).

Sobre supuestos conciliábulos de los medios de comunicación.-

Frente a todo lo anterior, los representantes de las comunidades campesinas y de las demás organizaciones sociales decidieron convocar una consulta popular en tres distritos: Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera. Esta consulta tuvo por objetivo el recoger la opinión de la población sobre si la mina debe seguir operando en esa zona. Esta consulta se realizó el domingo 16 de setiembre de este año.

Sin embargo, la postura del Gobierno (representada por el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo y del MINEM) fue oponerse a tal medida, asumiendo en la práctica la defensa de la postura de la Minera Majaz, quien había cambiado de dueño. Para entonces Monterrico Metals había vendido sus acciones al consorcio Zijin (China).

De esta manera, se acusó a la postura anti minera de manipular la opinión de la población, usando para ello a los diferentes medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos (locales y nacionales). Incluso, se llegó a aseverar que los dirigentes de las comunidades campesinas habían ordenado castigar a latigazos a todos los que votaran a favor de la Minera Majaz. Esta aseveración fue refutada por los propios alcaldes quienes señalaron que: “Y con esa denuncia lo único que hace el Premier es ponerse a favor de las mineras y en contra de su pueblo que somos nosotros” (La República, 12 de setiembre).

Aquella guerra mediática desatada por la cercanía de una consulta popular, muy parecida a la que se dio años antes en Tambogrande, no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo. Sobre todo al fracasar el intento de diálogo de una delegación del gobierno encabezada por el propio Presidente del Consejo de Ministros, quien al parecer buscaba frustrar la consulta y llegar a algún tipo de acuerdo. En vista de ello, las autoridades locales y los alcaldes de los distritos no se presentaron a dicha cita, afirmando que se reunirían con el gobierno después de conocerse los resultados de la consulta vecinal.

Inmediatamente después, el gobierno intentó un último amague para frustrar, o en último caso, empañar los resultados de esa consulta. Por ello, Jorge del Castillo acusó el 12 de setiembre a la radioemisora piurana Cultivalú de atentar contra la libertad de expresión, al censurar un spot publicitario que el MINEM quería propagar. La importancia de dicha emisora radica en que, es una de las dos radios que hacen llegar su señal a los distritos de la consulta en Piura. De lograr confirmar esta acusación el Gobierno podría asegurar que, no existían las garantías necesarias para que se lleve a cabo la consulta de forma transparente, libre de presiones y manipulaciones. Invalidando así cualquier resultado negativo contra la Minera Majaz.

Sin embargo, la radio Cultivalú dejó en claro su posición, la cual fue apoyada por varias organizaciones periodísticas, como el Instituto de Prensa y Sociedad. Afirmó que su negativa a aceptar dicho spot se debía a que no mencionaba al autor del mismo, en este caso sería el MINEM, y que propalaba información falsa, al afirmar que la Defensoría del Pueblo había declarado improcedente la consulta. (Perú 21, 13 de setiembre).

Lo que está claro es que el Gobierno, desde el Presidente para abajo, intentaba manipular también la opinión pública en defensa cerrada a la Minera Majaz, generalizando el debate en torno a la minería en el país. Lo paradójico es que éste resulta ser el tema de fondo que necesita ser debatido seriamente en todo el territorio. De lo contrario este tipo de conflictos serán más que recurrentes.

Esta manipulación se hace evidente si se toma en cuenta la campaña de desprestigio de diversos medios de comunicación contra las organizaciones sociales y representantes de las comunidades campesinas, que tienen una postura crítica u opositora contra la Minera, que se dio desde finales del 2005. Esta campaña se dio tanto a nivel local como nacional. En uno de esos ataques se mencionó de la existencia de una “red del terror” que buscaba impedir el proyecto minero de Río Blanco (Programa Panorama, 23 de octubre del 2005).

Además, los diversos comentarios de personalidades políticas ligadas al gobierno, en las últimas semanas, como los del Presidente, que hacen mención a la presencia de comunistas en la zona, esconden la intención de reprimir a toda costa cualquier opinión diferente a la postura del gobierno. Todo ello no hace más que restar libertades políticas a una población que se siente afectada por la presencia de la Minera Majaz. En donde el verdadero círculo de terror parece encontrarse en la negatividad del gobierno en dialogar abiertamente, sin tratar de imponer su propia agenda.

Continuará...

Velasco, legitimidad y revolución: entrevista al historiador Juan Martín Sánchez (II Parte)

HH: Pero la aprobación popular en cierta forma te otorga o te quita la legitimidad...

JM: No, porque la aceptación debería dar legitimidad si esa aceptación se puede institucionalizar. Es decir, si puede sobrevivir al momento de aclamación. Pero no se da porque no se institucionaliza el proceso, no en el sentido de que se fosiliza, sino de integración de la población como actor político. La ciudadanía no consigue ser un actor político más allá de los que estaban en contra del gobierno. Crece la ciudadanía como actor político pero no le da un respaldo de legitimación, y falta el lugar donde se puede hacer. La legitimación no solo es una aceptación sino que el consentimiento esté reglado a una norma que se acepte, no solo para ese gobierno sino para otro. Ese es el salto a la legitimidad institucional del Estado. Como la aceptación estaba muy vinculada a las personas que estaban en ese gobierno, era una aclamación de Velasco y de su gente pero que no era transferible a otros. De hecho cuando se fue, se acabó.

HH: ¿Cuál es el balance entonces de este proceso? Fue bueno, fue malo. ¿Qué resaltarías tú o qué criticarías?

JM: Ahí hay dos cosas, una es un balance en el sentido del propio proceso: qué objetivos se estaba planteando el proceso; el gobierno, los principales actores, qué consiguieron, con qué medios. Evaluando eso se puede mantener una respuesta a tu pregunta. Ahí, el resultado es deficiente porque no consiguen transformar el país en la medida que ellos querían y con la estabilidad que se habían propuesto. El crecimiento económico no fue el esperado, fue bastante similar al que se estaba dando anteriormente, incluso se bloquea al final del proceso. A partir de ahí van a suceder las tremendas crisis cíclicas que ha tenido el Perú. La integración social y nacional tampoco llegó a los niveles esperados, incluso se deja una suerte de idea más conflictiva. Probablemente era necesario porque era darle poder a los movimientos ciudadanos, que era algo que estaba creciendo anteriormente; y en una democracia por débil que fuera como el gobierno de Belaúnde, anterior al gobierno militar, eso se da con más legitimidad que teniendo un gobierno militar, donde la confrontación es más abierta. Así, varios rubros que el gobierno militar planteó, no llegaron del todo a buen puerto. Lo que ellos mismos planteaban era sacudir al Perú, cancelar esa sensación de inamovilidad que se vivía en el Perú, en donde la oligarquía y los poderosos eran intocables en cierta medida. Y eso si lo consiguen, rompen esa sensación, ese lugar en que Belaúnde Terry había llevado su gobierno donde no se implementaban las reformas que ellos mismos pretendían, eso lo consiguen. Ya personalmente, que sería la otra posibilidad de respuesta a tu pregunta, tendría que ver con mis convicciones, con mi manera de evaluar las cosas, más allá de lo que es un análisis de historia o ciencias políticas. Personalmente pienso que hubiera sido interesante la continuidad de la constitución del 33 y de un proceso de expansión democrática. Lo cual hubiera evitado que los militares hubieran estado tan presentes en el Estado, con un protagonismo que cuando la sociedad entra en las tensiones tan fuertes que viven en los 80, nadie pone coto a las acciones de los militares. Los mismos militares que habían hecho unas reformas radicales en el 73-74, supuestamente para que la población no llegara a movilizaciones armadas, y por lo tanto, ellos no tuvieran que reprimirlos y matarlos, como hicieron en el 65, esos mismos militares salen en Ayacucho en el 83-84 y matan muchísima gente, indiscriminadamente. Eran casi los mismos personajes. Creo que ahí hay un balance negativo en cuanto a la presencia de unos militares sin control estatal.

HH: En ese sentido, en vista de las consecuencias que tuvieron las reformas que parecieran haberse difuminado con el tiempo, y en vista de que cinco años después, en el 80, surge una guerra civil con la aparición de un grupo armado: ¿no es muy grande la palabra revolución para catalogar este proceso?

JM: Siempre que sea nuestra posición personal la que está en juego. Personalmente yo preferiría una revolución distinta y una posición distinta a la revolución. Pero como investigador lo que me encuentro es que los actores estaban en una revolución, e incluso los que se oponían, tenían programas de revolución que se hubieran parecido mucho a los que hicieron los militares. De hecho la revolución implica bastante de lo que hicieron los militares. Sí puede ser una palabra muy grande, por la decepción que causa el no hacer una revolución con éxito suficiente, pero es lo que estuvo en juego. Entiendo la pregunta; yo mismo estuve estado tentado de ponerle otros términos, de hablar de problema y posibilidad del gobierno militar, pero con ello me distanciaba de la visión de los actores y de los propios hechos, sin por ello ganar en calidad mi interpretación. Tal vez, otro problema sea que no nos distanciamos suficientemente de nuestras propias doctrinas políticas, es decir, que como nos hubiera gustado una “verdadera revolución” no reconocemos el intento ajeno. Y el caso es que ese intento existió en términos de historia comparada, y si no nos gusta el resultado es algo que tendremos que confrontar con nuestras ideas pero no con forzar los acontecimientos históricos. Personalmente, cada vez estoy más lejos de los arrebatos revolucionarios

HH: El ejemplo de Velasco, ¿tú crees que ayudó a fortalecer este autoritarismo en la población? Porque según las encuestas, se busca esta imagen autoritaria, o es más bien algo que viene desde antes.

JM: Soy muy enemigo de hablar de culturas políticas, sobretodo si se basan en encuestas, porque no me convencen las maneras en que las hacen, no me convence ese tipo de metodologías, ni siquiera las preguntas que hacen. Porque se está queriendo ver cosas que no son comparables, como son los sentimientos o reacciones individuales ante problemas de institucionalización colectiva, de acción colectiva. Hay un salto bastante fuerte entre lo que puedo entender por utilitario o democrático, con lo que realmente pueda hacer colectivamente. Depende mucho de los procesos en qué va a ocurrir, no los procesos históricos, sino en los procesos concretos en que la gente actúa. Soy bastante reacio a ese tipo de interpretaciones, lo que sí me parece es que la presencia reiterada durante toda la república de los militares no permite una secularización del Estado, similar a la secularización que se necesita de la Iglesia católica, de la religión. Algo similar hay que hacer con los militares porque tienen el mismo sentido vertical de la verdad, del orden; y teniendo a los militares tan presentes en la política, con un poder de fuerza tan decisivo, tú me dirás con quién negocio, con quién acuerdo. Qué es lo que va a hacer un Estado civil: acordar, transar, incluso engañar, sabiendo que no tengo pistolas que me respalden, o respalden al otro. Eso si te da una institucionalidad. Un Estado autoritario no te permite un acercamiento con los demás, uno de los actores siempre puede decidir la partida porque tiene el poder de las armas. Eso es lo más pernicioso si se quiere conseguir un Estado, si bien no más democrático, como mínimo respetuoso con la legalidad y que sea más integrador, lo que lleva a la democracia.

HH: Por último, tú afirmas que la revolución es un intento siempre imposible de síntesis superadora; saliéndonos un poco de lo académico, ¿es tan difícil hacer una revolución en la actualidad?

JM: No creo que antes fuera muy fácil. Desde que ocurrieron algunas, que ni siquiera estaban propuestas desde el inicio, como las grandes revoluciones, como la francesa, se han convertido en una especie de mitos. Se tiene que evaluar, por ejemplo, la revolución francesa: cuando llega Napoleón se podría decir que es un fracaso general, ni la población es soberana y vuelven buena parte de los aristócratas después que cae Napoleón. Tampoco es esto; es una convulsión extraordinaria de la sociedad y del proceso histórico que se estaba dando. Las revoluciones difícilmente las podemos ver llegar, aunque algunos pueden proponer que se hagan. Lo hermoso que tiene una propuesta de hacer una revolución, es la gran ambición de justicia e igualdad, y de voluntad de que la gente pueda hacer su historia. Al mismo tiempo eso es una tentación espeluznante, con consecuencias muchas veces calamitosas para las sociedades, es que la revolución está llena de iluminados que no se paran a decir: -“además de gobernar con mis criterios y según mis designios, tendría que ver que piensan otros, tendría que tener en cuenta a los otros que no están de acuerdo conmigo. ¿Qué hago con ellos? Gobierno solo para mis acólitos o gobierno para todos”. La revolución es un poco reacia a esto, a tratar de gobernar para todos, y cuando trata de gobernar para todos se vuelve absolutamente autoritaria. El otro día le decía a un amigo: - "me gustaría participar en alguna, pero me da bastante susto". No se si serán fáciles ahora o difíciles, pero tampoco creo que lo fueran antes, ocurrirán en cualquier caso. Porque lo que se necesita para hacer una revolución es la capacidad de acción colectiva, y esa capacidad para subvertir un orden dado, existe hoy como nunca, probablemente ocurra; eso si, los resultados de esa revolución a lo mejor no nos van a gustar.

Fin de la entrevista

Velasco, legitimidad y revolución: entrevista al historiador Juan Martín Sánchez (I Parte)

Es una entrevista realizada por Héctor Huerto Vizcarra, el 9 de febrero del 2005 en Sevilla, al historiador español Juan Martín Sanchez, quien ha trabado temas de historia contemporánea peruana. Tiene dos libros fruto de este trabajo: "Perú 28 de julio: discurso y acción política el día de Fiestas Patrias (1969-1999)", y "La revolución Peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar (1968-1975)"

HH: ¿Es el proceso de revolución militar de Velasco un proceso atípico a los procesos revolucionarios que se dan en el mundo?

JM: Al contrario, lo que es, es bastante típico. Es bastante repetido, no solo en América Latina sino en otros lugares del mundo, y hay experiencias más afortunadas incluso que las de Velasco, en cuanto a efectos muchísimo más de largo plazo. La más importante, o la más típica, es la revolución kemalista en Turquía, a la caída del imperio Otomano, que construyen el único Estado secular, laico, del mundo islámico. Con una presencia militar y de la burocracia estatal, impresionante, que todavía es la que define Turquía. Pero igual pasó en Egipto, con Nasser, con resultados un poco más deficientes, y también hubo experiencias similares en América Latina, incluso Torrijos en Panamá para las mismas fechas tenía ideas parecidas; y había grupos militares con un proyecto similar en cuanto a un nacionalismo. Militares que se ven en Estados débiles y quieren modernizarlos, y para eso saben que hay que poner en su lugar a ciertos grupos oligárquicos y al poder económico extranjero.

HH: Pero hay una cuestión que se nos hace complicada desde la mirada latinoamericana, con esta historia tradicionalista que nos englobaba dentro de un proceso mayor de etapas, en donde la modernidad europea de una sociedad en América Latina que recién se iba reconstruyendo, con la colonización, el mestizaje, la llegada de otro tipo de instituciones...

JM: Esa discusión se quedó fuera del libro, está en la tesis, y tampoco creo que la tuviera resuelta. Europa y Estados Unidos han mostrado cual es la trayectoria del proceso y lo único que tenemos que identificar en esa trayectoria que han seguido, es en cuál de sus etapas se coloca Perú, México. Eso es un error gravísimo, entre otras cosas porque cuando supuestamente Inglaterra estaba en una fase pre industrial y de desarrollo, no tenía ningún otro país desarrollado industrialmente que le invadiera cada fin de semana, cosa que sí le pasa a los países que supuestamente están en una fase pre industrial. Son despropósitos, es como no considerar al resto. Como si se pudiera dar lo que fue la experiencia histórica de Europa, especialmente Inglaterra, Francia, y un poco, de Alemania, en el resto de países del mundo. No hablan del resto de Europa, de los países del este, de Italia, de España, Portugal, Noruega, que tienen un desarrollo bastante distinto. Es como si esa trayectoria fuera causada solo por los factores endógenos y no tuviera nada que ver con el resto del mundo, nada que ver con la mundialización del comercio que se da a partir del siglo XVI, incluso antes. Son despropósitos que no es algo que yo quisiera hacer.

HH: Hay una frase que me llamó mucho la atención en la introducción de tu libro, qué es la gran pregunta que nos hacemos algunos historiadores que estamos en formación: tú afirmas que la historia ha dejado de ser un lugar de explicación, en ese sentido para ti, ¿ya no es posible a través de la historia analizar el pasado, para entender el presente y mirar el futuro?

JM: Yo lo que trataba de hacer con esa frase era de alguna manera criticar la búsqueda de causas y responsabilidades en la historia, para entender comportamientos y no solo entenderlos sino justificarlos junto a comportamientos actuales. Me parece que eso lleva un poco de error y es una manera bastante funcionalista de ver la historia: lo que hoy vivimos, lo que vive el Perú o España hoy, se explica por las trayectorias históricas. Las trayectorias históricas explican cosas y nos dan sobre todo una serie de información y una descripción de cómo ha estado, ha evolucionado ese país o esa sociedad pero no tiene por que explicar los acontecimientos del momento; como los acontecimientos históricos tampoco estaban del todo explicados por los que lo antecedían. A eso me refería, que la historia no tiene un privilegio para explicar de manera fundamental los acontecimientos, no solo actuales sino también los históricos, en tanto que anteriormente también había historia.

HH: ¿Qué crees que hizo que se llevara a cabo la "revolución" militar?

JM: Ellos pensaban que estaban haciendo una revolución porque el Estado se les desmoronaba, porque la sociedad no conseguía integrarse, y esa falta de integración nacional le daba como resultado un país inseguro. Inseguro frente a una amenaza externa e inseguro consigo mismo, se les podía deshacer la sociedad. Además de este criterio de seguridad nacional que era muy importante en los militares y en su concepción nacional y, en la concepción de la acción política. Hay un grupo que determina que se radicalice de una manera más progresista en cuanto a la retribución de la riqueza, o reformas más importantes. Ellos estaban convencidos de que la situación del Perú era manifiestamente mejorable, y tratan de modificarla con los criterios y las maneras que ellos entendían más disponibles, más razonables.

HH: Pero algo particular y curioso de ahí, tal como tú lo dices en el libro y lo defines como dictadura comisarial, es que se tiene un Ejército que ha cumplido funciones de represión, muy apegado a posiciones de derecha. ¿Cómo es posible que años después, en el 68, surja una facción más ligada a posiciones de izquierda?

JM: Habría que hacer una re-lectura del siglo XX peruano, que yo no la he podido hacer, y que me gustaría que se hiciera. Que el Ejército durante el siglo XX fuera represor no quiere decir que fuera totalmente de derecha, no es que fuera liberal, era una posición institucional del Estado lo que tenía el Ejército. Los militares hacían que aquello no se desmembrara, que el Apra no fuera por su vía, era poner aquello en orden. Efectivamente, poner en orden sin modificar el Estado, sin modificar la estructura económica del país, ese orden beneficiaba a la oligarquía. Pero el Ejército peruano no tenía demasiados vínculos con la oligarquía, no era un ejército oligárquico. Por lo tanto, tampoco es que estuviera guardando intereses propios; guardaba intereses corporativos propios, su lugar en el Estado (...). No era un Ejército de oligarcas y el ejemplo es Velasco. Eso si, era un ejército de militares que había estado tradicionalmente reprimiendo los cambios. Los habían tratado de apoyar por vía institucional, incluso en el gobierno de Bustamante y Rivero, había habido una facción del ejército reformista que andaba queriendo apoyarlo, como Carmen Marín y alguna gente que fue del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). La respuesta es un poco más compleja, no es que pasaran inmediatamente de ser represores a ser todos revolucionarios. De hecho, eran una minoría los radicales. Pero sí hubo un desapego al menos de buena parte de los militares, de coroneles y generales, en su posición como guardianes del orden sin más. De hecho en el gobierno del 62 hubo un intento de reformas importante.

HH: ¿Cuál es la importancia que tiene la cuestión del indio, la cuestión del mestizaje, la cuestión reivindicativa? ¿Cuál es el manejo que se le da y de qué manera esto se convierte o no en el soporte de la revolución?

JM: No lo fue, en el sentido en que era un gobierno, un grupo de intelectuales y militares que focalizaban la reforma como una reforma de la estructura socioeconómica; que ellos esperaban tuviera como resultado un cambio de la desigualdad y de los racismos y los desprecios que había en los distintos pueblos del Perú, sobretodo, el maltrato a la población indígena. Pero ellos tenían una apreciación de la población indígena como subdesarrollada o casi pre-adolescente, tampoco es que la consultaran mucho para implementar sus planes. También hay un gran discurso de que se necesita una identidad propia, una identidad nacional, y que con ese desprecio mutuo no se puede hacer una identidad nacional mínimamente razonable y que soporte a la legitimidad del Estado. Sí tienen mucha importancia, y es obvia en la reforma agraria, en la reforma educativa, en el discurso que se construye sobre la nacionalidad; pero está más focalizada como un cambio social que como una reivindicación del mundo indígena. La reivindicación del mundo indígena es acabar con el desprecio que se le ha tenido.

HH: En ese sentido, ¿cuáles son los cauces por los que se logra legitimar este gobierno?

JM: Es que no parece que tuviera mucha legitimidad, lo que tuvo tal vez es una aceptación; no había manera de sacarlo. Porque lo trataron de sacar algunos dentro del propio ejército; trataron al menos de llevárselo hacia uno u otro lado, uno u otro interés. El único discurso fuerte de legitimación, era el discurso de la revolución, el discurso que el propio gobierno hace y que forma su círculo de civiles. Por ahí alguna aceptación más que legitimidad sí tenía, y de reconocimiento de lo que estaba haciendo era bueno para la población, pero nunca yo he visto que hubiera una idea de legitimidad en el sentido de que es la población la que ha puesto a ese gobierno, y ese gobierno responde a la voluntad de la población, que es la legitimidad moderna. Sin ese vínculo entre la voluntad del pueblo y lo que hace el gobierno no está resuelta la legitimidad.

Continuará...