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3.6.09

El outsider ocioso


Por: Héctor Huerto Vizcarra

El tema que plantea el Jorobado en su último post me parece interesante porque me da la oportunidad de desmontar el concepto. No concuerdo con el uso que se le da al término outsider, puesto que me parece que carece de toda utilidad práctica, ya que describe más un posicionamiento coyuntural de determinados actores políticos y soslaya la capacidad que tiene todo régimen político de ir incorporando nuevos actores relevantes.

Lynch (1999) señala que el outsider es un individuo que viene fuera del sistema de partidos y de la sociedad política, con un prestigio ganado en otras actividades y que desarrolla un discurso condenatorio de la política y de los políticos. Por su marginalidad con respecto al sistema político, Lynch utiliza como sinónimo de outsider a la palabra independiente. Por eso se menciona a Belmont como el primer outsider reconocido a finales de los 80 y luego a Fujimori, como el símbolo magnificado de la avalancha de “independientes”, léase outsiders, que entraron por la puerta grande en la política nacional en desmedro de los partidos políticos. La falta de claridad del término provoca que en ocasiones se generalice en demasía la aplicación de este “concepto”, por lo que se ha llegado a mencionar a Barrantes como el primer “independiente” de la década del ochenta.

Meléndez (1996) perfila mejor el término cuando afirma que un outsider tiene que ser alguien nuevo en la política, aunque acota inmediatamente que no todos los nuevos en política son outsiders, lo que los diferenciaría es si emergen o no fuera del sistema político. Además, plantea que no se trata de una categoría permanente, el outsider de hoy sería el político “tradicional” del mañana: “Los outsiders no duran para siempre. Si alguna vez lo fueron, basta un segundo intento para expropiarles de tal identificación. Alejandro Toledo pudo ser un outsider en 1995, aunque ello sea discutible. Pero el 2000 y 2001 claramente no lo fue.”. Entonces, ¿hasta qué punto el concepto outsider describe o no la forma como se renueva todo sistema político? Según las definiciones antes mencionadas, ¿fueron los izquierdistas de fines de los setenta e inicios de los ochenta los primeros outsiders?

Si se siguiera la sola afirmación de Meléndez con respecto a la virginidad política que deberían tener los denominados outsiders Barrantes no podría ser uno de ellos, puesto que venía de una militancia aprista que duró hasta fines de los años setenta. Otro de los experimentados sería el propio Vargas Llosa puesto que en su juventud militó en una pequeña organización marxista, aunque esto podría ser objetado por su distancia temporal. Entonces, también habría que tomar en cuenta la acotación que el Jorobado hace después. Curiosamente, Vargas Llosa tampoco sería un outsider puesto que para fines de los ochenta estaba lejos de estar fuera del sistema político. Desde fines de los setenta había tenido una cierta presencia política a través de sus artículos que publicaba en la prensa ya que a pesar de dedicarse de lleno a la literatura, la política fue otra de sus pasiones no tan ocultas. Para mediados de los ochenta, cuando se acercaban las elecciones de 1985, dentro de AP se vocea el nombre de Vargas Llosa como posible candidato presidencial, posibilidad frustrada por las pretensiones de Alva Orlandini de encabezar la lista de su partido en las presidenciales entonces venideras. Esta propuesta puede haber surgido como consecuencia del rol que tuvo Vargas Llosa al presidir la comisión investigadora de la masacre de Uchuraccay en 1983.

Para las municipales de 1984, otro posible candidato se barajaba dentro de AP para las elecciones de Lima Metropolitana: Ricardo Belmont. Habría que preguntarse hasta qué punto el dueño de un canal de tv, por más pequeño que sea, está en la orilla del sistema político. La decisión política que toma Belmont para la segunda vuelta electoral de 1990 en donde endosa su voto públicamente a Vargas Llosa lo sitúa más cercano a los partidos políticos “tradicionales” que a la postura aparentemente intrínseca de los outsiders de oposición radical a los partidos políticos preponderantes hasta ese momento. Fujimori, el niño símbolo de los politólogos outsiderianos, tuvo una agitada carrera política dentro de la Universidad Agraria que al final le rindió sus frutos cuando pudo llegar al Rectorado de esa universidad. Hay que recordar que estamos hablando del contexto de las universidades públicas altamente politizadas en los años setenta y ochenta. Asimismo, gracias a este cargo pudo entrar en contacto con personalidades políticas del gobierno aprista, como lo son Armando Villanueva y Alan García. A raíz de esto, comienza a recibir una serie de encargos menores por parte del gobierno para participar en determinadas comisiones. Posteriormente, el propio García lo convoca para que dirija un programa en el canal del Estado, que tiene llegada a nivel nacional, en donde permaneció tres años consecutivos. A finales del gobierno aprista, el propio Fujimori declaró que el gobierno le solicitó que asumiera el cargo de ministro de Agricultura, que al final no aceptó. Por último, Fujimori barajó para las elecciones de 1990 hasta el último momento la posibilidad de postular en la lista de alguno de los partidos “tradicionales”, por lo que intentó suerte vanamente en el APRA y en Izquierda Socialista. Para Planas (2000) desde mediados de los años ochenta figuras independientes van siendo convocadas por los principales partidos políticos para conformar sus listas electorales, por lo que su presencia en la política peruana no es ninguna novedad para los noventa.

Probablemente, la diferencia radica en que en los noventa estos independientes surgen al margen de los partidos políticos. Esto encuentra su razón de ser en la forma como se va moldeando la salida de la crisis política en que se sumió el régimen político peruano a finales de los ochenta. En parte, esta salida se produce con el creciente predominio de un discurso político anti-sistémico que ataca viralmente a los partidos políticos imperantes, puesto que ve en ellos a sus principales opositores. Esta forma de hacer política, de una manera confrontacional que busca canibalizar al contrario, tampoco es una particularidad de los independientes ni de los noventa. Al contrario, pertenece a la propia dinámica característica de la política peruana de una década antes. El discurso político que fomenta Fujimori desde el poder le sirve eficazmente para posicionar su propia figura política y derrotar a sus adversarios que, al parecer, lo subestimaron desde un comienzo. Por ello, cuando Degregori y Meléndez (2007) afirman que el  outsider ha sido una suerte de amortiguador que calmó temporalmente la crisis producida por el divorcio entre la política y la sociedad, plantean la visión de un electorado pasivo. Desde mi punto de vista, lo que se puede apreciar en los quince primeros años del régimen político que se inició en 1980, es la capacidad que tiene el 60% de los ciudadanos que participa activamente en los procesos electorales de ir buscando nuevas alternativas de representación política, donde cada vez más, el cinismo y el pragmatismo van a ser los ejes fundamentales, pero no los únicos, para elegir a aquellos que les puedan garantizar una mejor cercanía con el poder con sus consecuentes beneficios.

Finalmente, ¿existen los outsiders? Me parece que tanto la pregunta como el concepto sobre el que se pregunta son opciones ociosas, puesto que no revelan una complejidad social y política mayor.

9.7.07

De la espada de Damocles al harakiri. Historia y perspectiva de los libros y la lectura en el Perú: La República (III Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

La República: libertad para todos, libros para unos cuantos.-

La historia de la independencia del Perú es una historia de frustraciones, desengaños y malos entendidos. No está en la intención de este ensayo abarcar todos los fantasmas que divagan por las escuelas, bibliotecas y universidades nacionales, sean éstas públicas o privadas. Lo que se busca es resaltar aquellos acontecimientos pertenecientes al transcurso histórico del Perú, que se muestren relevantes para comprender el proceso del libro y la lectura.

Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de San Martín fue la creación de una Biblioteca Nacional, con la idea de elevar el nivel moral e intelectual de la población. Las colecciones de libros que la constituyeron provenían de los colegios y conventos suprimidos, en especial de las bibliotecas de la Compañía de Jesús; orden religiosa que fue expulsada del Perú en 1767.

Como toda institución creada o fundada en el Perú, la Biblioteca Nacional no cumplió con los fines para la cual fue creada. Para Pedro Guibovich, estaba compuesta por textos que en su mayoría distaban de ser “modernos”, que versaban sobre teología moral, doctrina religiosa; o que estaban escritos en latín, lo que imposibilitaba para muchos su lectura. Durante el siglo XIX, la Biblioteca Nacional se convirtió en un refugio para eruditos historiadores y bibliógrafos, distante de la población lectora en general.[1]

Sin embargo, la gran catástrofe para el libro peruano se dio con la guerra y el saqueo a fines del XIX. Instituciones como la Biblioteca Nacional, o la Biblioteca de la Universidad de San Marcos fueron desmanteladas, existiendo en tales robos una lógica sistemática y manipuladora (coadyuvada por la ingenuidad de algunos peruanos, como fue el caso del entonces director de la Biblioteca Nacional, Manuel de Odriozola). Muchos de los libros fueron a parar a Santiago de Chile, algunos se perdieron para siempre, y solo unos cuantos fueron devueltos a Lima, años después. Es muy probable que la importancia de tales libros haya sido descubierta por los peruanos después de estos saqueos, cuando ya era demasiado tarde, debido –posiblemente- a la distancia que existía entre esas instituciones y la gente del común.

La guerra provocó no solo una gran crisis económica en el país, sino que también, motivó muchos debates políticos y académicos sobre las causas de nuestra derrota y las medidas que se tenían que adoptar en el país para lograr nuestro desarrollo. Uno de los principales temas que se debatió a finales de ese siglo e inicios del XX, fue el de la educación. Este debate tuvo dos contendores importantes: Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villarán. El último, proponía que el Estado debía concentrar sus esfuerzos en las escuelas de primeras letras, ya que era necesaria la educación a gran escala para redimir a gran parte de la población nacional, compuesta de indios principalmente. Pretendía fortalecer, en instancias superiores, la educación técnica y científica, que posibilitara el desarrollo de las industrias.

En cambio, Deustua priorizaba la enseñanza superior Universitaria, porque creía que la formación de una clase dirigente capaz y desinteresada era la mejor manera para llevar a cabo la tan ansiada recuperación política y económica. Tal era su deseo de formar una pequeña élite intelectual, que llegó a postular que se cerraran las universidades del interior del país. Tales ideas provenían de un análisis histórico previo, que resulta poco conservador para lo que se podría esperar: la gran culpable de la derrota en la guerra, y de la crisis económica subsiguiente, no eran los indios, quienes en la medida de sus posibilidades para Deustua habían cumplido con su rol de defender la patria, era la clase dirigente. Para él se debía cambiar la composición de la clase dirigente por una aristocracia de méritos y no de dinero o abolengo.

Ni uno ni otro se preocuparon porque la práctica de la lectura fuera un hábito frecuente entre la población, y ambos fueron ministros de Educación en diferentes momentos. Villarán buscaba que las personas aprendieran a leer y a escribir porque creía que el país necesitaba tener trabajadores preparados en cuestiones técnicas. Deustua reconocía la gran crisis económica en que estaba sumido el país, por lo que postulaba priorizar la educación de unos pocos, en la medida en que se constituyeran en el futuro como una clase dirigente. Al final eso fue lo que pasó, el hábito de la lectura fue afán de unos pocos, y los libros que se publicaban en el Perú tenían un mercado reducido e irregular.

A partir de la década de los 50’s del siglo pasado se puede hacer un seguimiento de la producción libresca en el Perú. En esa década se publicaron en promedio 795.6 libros, siendo el año de 1959 el que mayor producción tuvo, con 914 libros. En la década siguiente el promedio se incrementó ligeramente, siendo la cifra promedio de 830.3 libros por año. La producción anual era muy irregular, por ejemplo, en 1966 se publicaron 985 libros, dos años después la cantidad de libros publicados disminuyó a 712 y para 1969 la cifra se hundió mucho más, se publicó solo 535 libros; pero un año después la producción ya se había recuperado en 885 libros. Esta irregularidad será una constante hasta en la actualidad.[2]

En la década de los 70’s se produce un mayor crecimiento en la producción literaria, con 989.6 libros de promedio al año, debido probablemente a las condiciones políticas en que vivía el país, con un gobierno que enfatizó su interés en la educación, y en la producción de libros de historia y ciencias sociales. Me remito a los hechos: en esa década de publicó en el Perú la voluminosa Colección Documental de la Independencia del Perú, que consta de casi 200 tomos. Una legislación favorable a la producción libresca se emitió en los primeros años de la década anterior, mediante una Ley N° 13710, en la cual se exoneró de impuestos a los libros; poco tiempo después, el 5 de febrero de 1962 se aprobó otra ley N° 13978 que exoneró de los derechos de importación a la maquinaria, equipos y materiales de imprenta. Esto permitió que en poco años se generalizara el sistema de impresión offset en el país, según Julio Olaya.

Previamente a este ligero e importante aumento en la producción de libros en el Perú, ocurrieron varios hechos ahora anecdóticos, pero que en su momento colindaban con el escándalo y la estulticia. En setiembre de 1960 se dieron algunas Resoluciones Supremas referentes a la censura de libros. Se temía sobre todo a los libros provenientes del extranjero que pudieran tener un contenido político de izquierda. Como medida de fuerza se autorizó la quema pública de libros, cual historia medieval de brujas y herejes; así el primer gobierno de Belaunde se constituyó en un moderno Tribunal de la Santa Inquisición. El 25 de julio de 1967 salió publicado en La Prensa una denuncia que realizó un importante impresor peruano, Juan Mejía Baca, contra el gobierno de turno por tales hechos, pero él no fue el único. Un año después, en 1968, dentro de un sentimiento adverso por tales eventos, el 11 de mayo se decretó la Resolución Suprema N° 0191-68-GP/60 que dejaba sin efecto las resoluciones anteriores sobre la censura de libros.

No se tienen suficientes datos para la década de los 80’s como para tener el promedio anual de la producción de libros en el Perú de esos años. A pesar de ello, se sabe que durante los años de 1980 y 1985 se publicaron 602 y 518 libros, respectivamente. La crisis económica que se fue gestando a finales del gobierno militar había afectado a la capacidad de consumo de la población, y los insumos con que se fabricaban los libros se habían encarecido. Esto afectó enormemente a las editoriales en el país, quienes para los primeros años de los 90’s, comenzaron a cerrar sus puertas. El 22 de setiembre de 1992 salió publicada una nota periodística en donde se informaba que el último semestre 44 empresas dedicadas a la edición, distribución y comercialización de libros habían cerrado. De igual manera, en julio de 1993 la Cámara Peruana del Libro afirmó que en los últimos 3 años se habían cerrado 20 librerías. [3]

Si bien es cierto que en los 90’s el promedio anual de la producción de libros se elevó muy por encima del promedio de los 70’s, llegando a tener 1847.5 libros por año; el costo de los mismos se vio incrementado. En parte por las trabas tributarias que no exoneraban al libro del pago de impuestos en las ventas, e incluso cuando se los exoneró del 18% de IGV, el servicio de impresión y encuadernación no estaban exentos del mismo. Cuando en marzo de 1993 el ministro de Educación fue interpelado por las cargas tributarias que pendían sobre el libro, dijo: “Desgravar la impresión de los libros contraviene la política de uniformidad tributaria que el gobierno ha dictado durante los últimos meses”.[4] El concepto de libro como objeto de lucro, en su máxima expresión.

Si se contraponen los datos de la producción del libro en el Perú, desde mediados del siglo pasado, se encontrará una constante de crecimiento en la producción. Sin embargo, si comparamos tales datos con el número poblacional que tiene el Perú en esos años, se encontrará que la producción no solo se ha estancado sino que ha retrocedido en determinados años. En 1950 se producía un libro por cada 10 017 habitantes, para 1997 la relación varió notablemente: un libro por cada 17 211 habitantes. Siendo el mayor porcentaje de libros producidos los libros escolares, podemos inferir que en el Perú, el hábito de lectura ha pasado a ser una leyenda urbana más.

[1] Pedro Guibovich. Bibliotecas, archivos e investigación histórica, p. 581

[2] Todos los datos referentes a la producción libresca en el Perú, a partir de los 50´s, provienen de la tesis de grado de Julio Olaya: La producción del libro en el Perú, periodo 1950-1999. Los comentarios al respecto, a menos que exprese lo contrario, son estrictamente personales.

[3] Julio Olaya: La producción del libro en el Perú, periodo 1950-1999, p. 69

[4] El Comercio, 13 de julio de 1993, citado en Julio Olaya: La producción del libro en el Perú, periodo 1950-1999, p. 33

13.6.07

Apuntes para la historia de la deuda externa e interna del Perú (IV Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

6. Más deuda y corrupción en la década de los 90.-

Durante el gobierno de Fujimori, no solo la deuda externa peruana se incrementó notablemente, sino que también existieron escandalosos casos de corrupción y malos manejos relacionados a la misma. En 1995 la deuda externa pública llegó a su más alto nivel con un monto de 25 652 millones de dólares, siendo para entonces el monto de la deuda externa total de 33 378 millones de dólares. Un año después, el monto de la deuda externa total, a pesar de que se disminuye en poco más de 400 millones de la deuda pública externa, la deuda externa total llega a los 33 805 millones de dólares. En la actualidad la deuda externa total oscila entre los 31 000 millones de dólares, estando la deuda pública externa sobre los 24 000 millones. Otra característica de esta etapa es el incremento de la deuda con el Japón, que en la actualidad es el país con el que tenemos un mayor monto de deuda externa. Para marzo del 2004, con el Japón teníamos una deuda de más de 3 815 millones; mientras que con Estados Unidos teníamos una deuda de algo más de 839 millones, con Francia de alrededor de 1 355 millones, y con Italia de más de 1 033 millones de dólares.

Un caso de corrupción notable en este periodo fue el llamado caso Elliot. Elliot Associates LP, fue una empresa del Estado de Delaware, con domicilio en la ciudad de Nueva York; autorizada para realizar contratos en esa misma ciudad. Estuvo dedicada a comprar papeles de deuda, a precios muy bajos, y que podían ser sujetos de cobranzas judiciales al país deudor, que es lo que más o menos le pasó al Perú. Desde octubre de 1995, con la contratación de Jay Newman, experto en instrumentos de deuda en los “mercados emergentes” esta empresa empezó a operar, siendo su primera víctima, Panamá, a quien le compró pagares de su deuda. Como en el caso peruano, que explicaremos a continuación, este procedimiento de dudosa legitimidad, que viola el principio Champerty de la Ley de la Judicatura de Nueva York, que establece que ninguna persona natural o jurídica puede comprar documentos de créditos vencidos con la única finalidad de hostigar al deudor para obtener reparación crediticia; se realizó a través del Swiss Bank.

Elliot Associates LP compró en cuatro operaciones entre el 31 de enero y el primero de marzo de 1996, un monto total nominal de US$ 20,7 millones que correspondía a US$ 7 millones por deuda del Banco de la Nación y a US$ 13,7 millones por deuda del Banco Popular. Por el total de toda esta deuda Elliot terminó pagando sólo US$ 11 millones de dólares. Esta venta fue realizada por el Swiss Bank quien entre octubre y diciembre de 1994 se había hecho con estos papeles de deuda del Perú, que fueron comprados a Lehman Comercial Paper y Socimer, quienes eran los acreedores iniciales.

En Abril de 1996, Elliot planteó la primera demanda por el pago total, en forma paralela a las negociaciones con el Bank Advisory Commitee (BAC) para emitir los Términos Principales del Plan Brady. Lo que buscaba era quedar al margen del dicho plan para cobrar el monto de la deuda en su totalidad, sumado a los intereses correspondientes. Por ello, en octubre de ese año, Elliot demandó al Perú y al Banco de la Nación, solicitando además un embargo preventivo y un juicio sumario. La corte de Nueva York, el 12 de diciembre de 1996 le negó la posibilidad del embargo a Elliot. Meses después, el 27 de Abril de 1997, la Corte de primera instancia del Juez Robert Sweet, negó a la petición de Elliot sobre el juicio sumario, produciéndose así una disputa legal entre Elliot y el Perú; la cual resultaría favorable a nuestro país cuando el 6 de agosto de 1998 la Corte falló a favor del Perú aduciendo que Elliot compró deuda violando el principio Champerty.

A partir de ese momento, todo le iría mal al Perú. En Octubre de 1999, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia a favor del Perú aduciendo una propia interpretación de la enmienda 489 (Champerty) y devolviendo el caso a primera instancia para que se determine el monto a pagar. Un mes después Elliot solicitó sentencia y una orden de embargo, lo cual consigue de parte de la Corte de Primera Instancia. Así se le concedió el embargo y una orden restrictiva sobre los bienes comerciales del Perú y el Banco de la Nación en Nueva York. También, para agravar la situación del Perú, Elliot logró una modificación retroactiva de la Ley de interés compuesto adicionando US$ 16 millones de dólares al monto total de la deuda.

El Perú intentó revertir esta situación, aunque sin mayor suerte. El 9 de mayo del 2000 se rechazó la solicitud de apelación presentada por el Perú y el Banco de la Nación. Después, el 30 de Mayo, la Corte rechazó los elementos de la defensa peruana y aceptó la petición de Elliot para dar paso a la sentencia más la petición que se le considere dentro de la legislación sobre intereses compuestos, lo que implicaba un incremento del monto final a pagar. Por último, el 22 de Junio, la Corte rechazó la defensa del Perú y falló a favor de Elliot. El juez determinó el monto de la sentencia a pagar por el Perú a favor de Elliot por US$ 55’660,831,56 dólares, quedando pendiente la sentencia por la petición de pago por gastos legales. Además, se dispuso el embargo de los bienes del Perú y el Banco de la Nación en los Estados Unidos destinados a uso comercial.


Elliot no se contentó con estas acciones: En Septiembre del 2000 hizo esfuerzos para embargar bienes del Perú y del Banco de la Nación en el extranjero (fuera de Estados Unidos) contraviniendo la orden del 22 de Junio. Además solicitó embargo sobre los fondos destinados al pago de los intereses de los bonos Brady, logrando esto el 21 y 22 de setiembre, cuando obtuvo de dos jueces de Nueva York, órdenes restrictivas para impedir el pago de intereses de los bonos Brady y se denegó la petición de las solicitudes de reconsideración del Perú sobre el principio Champerty y el interés compuesto. Eso obligó al Perú allegar a un acuerdo con Elliot el 29 de setiembre, en el cual se levantaron las restricciones y se pudo realizar el pago de los intereses de los bonos Brady. El Perú se comprometió a pagar US$ 58.45 millones por todo concepto, lo que para algunos miembros del MEF de entonces era un logro, ya que en principio Elliot pedía el pago de 62 millones y además, porque el juez había ordenado pagar US$ 57’466,592.85 más gastos legales, que aproximadamente podría haber llegado a un monto de US$ 9 millones.

En todo caso, el Perú terminó perdiendo mucho dinero en esta operación, ilegalmente concedida gracias a la anuencia del Swiss Bank, quien para la fecha tenía un contrato con el Perú por el cual nuestro país tenía la preferencia de compra de papeles de deuda que estaban en posesión de ese banco, quien además había usado información privilegiada para la compra de los papeles de deuda del Banco Popular. Además el Swiss Bank estuvo vinculado en otra operación de dudosa legitimidad, como representante del Perú en junio de 1996, en la compra de los papeles de la deuda con Rusia. Fue nuestro representante a pesar de que para esta época ya habían comenzado los litigios con Elliot, increíblemente.

La compra de la deuda Rusa, que no fue realizada mediante los canales oficiales entre ambos gobiernos, sino mediante el Swiss Bank y Jorge Peschiera Cassinelli, negociador oficial de la deuda con la banca privada, e implicó la compra de un monto nominal de 1000 millones de dólares en deuda, con el pago de 130 millones en efectivo, compra que se hizo a través del Swiss Bank, quien por esta operación recibió el pago de 2.25 millones de dólares. Esta operación indispuso al gobierno Ruso frente al Perú, lo que impidió posteriormente al Perú la compra de armas, pertrechos y repuestos rusos para los aviones comprados a Bielorrusia. El costo para el Perú fue de 1 800 millones de dólares que se gastó en adquisiciones militares inservibles.

Otra responsabilidad importante en el caso Elliot la tiene Jaime Pinto Tabini, funcionario del MEF, encargado de controlar las operaciones realizadas por el Swiss Bank; quien sospechosamente, el 30 de setiembre se retira del MEF para dos años después brindarle asesoría legal a Elliot Associates LP, en su juicio contra el Perú. Al parecer, esta extraña relación data desde 1996. Esto constituye un acto de corrupción totalmente tangible, por cuanto el señor Pinto manejaba información confidencial del Estado Peruano durante su estadía en el MEF. Sorprendentemente, Jaime Pinto fue nombrado por el MEF en marzo del 2001 como representante del Perú ante el BID.[1]

7. La campaña del Jubileo 2000 y la recolección de firmas.-

Acogiendo el llamado del Papa Juan Pablo II, y de otros líderes mundiales, como el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, se conformó la Red Jubileo 2000, que junto con otras redes de más de 70 países que formaban el gran movimiento internacional del Jubileo, buscaban la condonación de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. Por eso el Perú participó de la campaña “La vida antes que la Deuda”, promovida en 199 por la Asamblea Episcopal y que permitió recoger 1 millón 856 mil firmas, de las cuales una quinta parte eran de jóvenes. Esta cifra resultó ser muy significativa a nivel mundial, ya que ocupamos el segundo puesto en cantidad de firmas recogidas. En la actualidad la Red Jubileo 2000 se pasó a llamar Red Jubileo Perú, y conforma a una diversidad de organizaciones sociales, instituciones e iglesias que vienen trabajando por la condonación o reducción sustantiva de la deuda externa de los países pobres.


[1] Toda la información referida al caso Elliot es casi un resumen del informe de Ismael Muñoz, Caso Elliot contra el Perú, presentado en el Seminario Internacional: “La Deuda Externa y su impacto en los Derechos Humanos” marzo 2004.