Notas sobre el criollismo (III)

En las fiestas familiares, las niñas y los señoritos bailan tangos, pasodobles, one-steps, rumbas y otros bailes extranjeros [...]; pero esto es sólo al principio de la fiesta [...]; pero cuando la fiesta ha entrado ya en calor, ya sea por el vino o por el mismo ambiente de la reunión, entonces alguien se atreve a pedir una guitarra o un arpa; en seguida gritan todos exigiendo lo mismo, y si el dueño de la casa no tiene una guitarra se mandan comisiones donde tal o cual indio arpista, o en busca de guitarras. Con arpa y violín tocados por indios, o con guitarras tocadas por alguna pareja de invitados, la fiesta crece, todos se alegran de veras, se sienten en su elemento [...]. Ese es el Perú del Ande. Pero si a la fiesta llegan el Jefe de la Caja de Depósitos, el Subprefecto o el Juez, que casi siempre son forasteros, otra vez la fiesta se congela, la alegría para de golpe; todos saludan a lo "extranjero" al señor principal que llega, y todos volverán al tango y al jazz, si el visitante no es también serrano y acaba por preferir el wayno indígena (1).

En un bello libro titulado Comunidades imaginadas, Benedict Anderson señala que uno de los hitos clave en la formación del nacionalismo fue la impresión de la Biblia en lenguas vernáculas europeas. Ello porque no sólo tuvo un impacto evidente entre la elite de lectores, sino también entre la gente del pueblo, que comenzó a oír la palabra de Dios y verla encuadernada en el idioma de los indecentes. Concluye Anderson que el nacionalismo implica, entre otras cosas, un esfuerzo consciente de las elites por "elevar" las despreciables costumbres del pueblo, identificándose con ellas. Eso es nacionalizarlas.

Partiendo de esta idea, quisiera explorar la hipótesis de que el criollismo es la expresión cultural del proyecto de nación que las elites limeñas emprendieron en el siglo XX, con más fuerza desde los años 30 hasta la crisis oligárquica de los años 60. Un hito destacado en este neo-criollismo es la integración inédita del folclore rural afroperuano. "Nacionalismo" que no pudieron proponer las elites serranas, en una posición más colonizada, como indica el testimonio de Arguedas.

La música es un excelente camino para explorar estas ideas. En Latinoamérica tenemos una lengua en común (salvo Brasil) y una religión en común, pero algo que nos diferencia es la música. Por eso ha dado materiales para la imaginación de las comunidades nacionales. En la historia del tango, en Argentina; de las rancheras, en México; de la cumbia, en Colombia; del son, en Cuba; o de la samba, en Brasil, hay un instante fundacional que coincide con la invasión de estos bailes indecentes en los salones de la oligarquía.

En el criollismo tradicional limeño, siempre existió el personaje de elite que asistía a las jaranas, estableciendo pequeñas solidaridades verticales. Padrinazgos. Pero, como señala Alicia del Águila, en la relación del padrinazgo quedaba fuera de sitio que las jaranas se celebraran en el casa de una persona decente (3). En el neo-criollismo los ritmos de la plebe, el vals y la marinera, entran en la vida doméstica de la clase media.

Al mismo tiempo se da un cambio interesante por el cual la música criolla empieza a promocionarse como el folclor musical de toda la costa, urbana y rural.

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(1) José María Arguedas, Canto Kechwa, en Carmen María Pinilla, ed., ¡Kachkaniraqmi! ¡Sigo siendo!: Textos esenciales (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004), 96-97.

(2) Sobre por qué en el Perú andino, a diferencia de otros países de la región, la identidad mestiza ha sido reivindicada por los migrantes indígenas, véase Marisol de la Cadena, Indígenas mestizos: raza y cultura en el Cusco (Lima: IEP, 2004).

(3) Alicia del Águila, Callejones y mansiones: Espacios de opinión pública y redes sociales y políticas en la Lima del 900 (Lima: PUCP. Fondo Editorial, 1999), 107.

Rompiendo con la hegemonía: el teatro bajo el régimen franquista. (I Parte)

Por: Claire Wright

Después de una década pérdida - en que muchos intelectuales y artistas sufrieron una represión brutal por parte del Estado - ya en la década de los 50 una generación disidente empezó a surgir en España. Aún así, existe un consenso académico en cuanto a la pésima calidad del teatro bajo el franquismo, debido por un lado a una eficaz máquina de censura estatal y por otro a una falta de dramaturgos con talento. En el espacio brindado aquí, espero corregir esta visión algo hegemónica en sí, al considerar la incorporación de tres pilares del régimen franquista – la familia, la culpabilidad y el silencio – en la obra de dos dramaturgos de persuasiones políticas muy diferentes: Alfonso Sastre y Joaquín Calvo Sotelo.

Alfonso Sastre – quien se formó como crítico literario – fundó el grupo “Teatro de Agitación Social" en 1950. Escribió unas 23 obras de teatro, una novela y varios libros de poesía. Crítico del régimen franquista, se vio encarcelado dos veces y su obra fue víctima de una censura sistemática. Aún así, seguía firme con su objetivo de actualizar el teatro español y ponerle al día con el teatro disidente europeo. Para él, no era sólo la temática que importaba sino también la calidad artística: ‘sólo un arte de gran calidad estética es capaz de transformar el mundo. Llamamos la atención sobre la radical inutilidad de la obra artística mal hecha.’[1]

Por otra parte, Joaquín Calvo Sotelo era hijo de un funcionario conservador asesinado en la víspera de la guerra civil (1936). Él se exilió a Chile y viajó por todo el mundo, algo que suele sorprender teniendo en cuenta su visión bastante estrecha de la sociedad española. Abogado de formación, escribió unas 50 obras de teatro que fueron muy bien recibidas tanto por el régimen franquista como por el público español. Resulta muy difícil clasificar su drama ya que fue criticado por algunos por ser un mero reflejo de los valores del régimen y criticado por otros por tocar temas polémicos. Espero reflejar esta ambivalencia en la obra de Calvo Sotelo en el análisis realizado en la segunda parte de este artículo.

La familia, la culpabilidad y el silencio – traducidos en temática y acción en varias obras de Sastre y Calvo Sotelo - constituyeron tres pilares fundamentales del régimen franquista. A continuación se identifican las raíces de estos tres elementos en el pensamiento de este momento.

En cuanto a la familia, es importante reconocer que, desde Calderón hasta Lorca, el núcleo familiar ha constituido la base de gran parte de las obras de teatro en España. No obstante, la importancia de la familia en la vida social cobró un matiz especial bajo Franco. Primero, el caudillo se presentaba a sí mismo en el marco de un benévolo pater familias, capaz de unir a una España dividida. Segundo, el catolicismo formaba la base del pensamiento franquista y con ello la familia como unidad social básica, como queda claro en los siguientes elementos del Movimiento Nacional de 1958:

III España, raíz de una gran familia de pueblos.
IV La comunidad nacional se funde en el hombre, como portador de valores eternos y en la familia, como base de la vida social…
VI Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato….[2]

Sin embargo, también es importante reconocer que la esencia de la familia en España se encontraba seriamente debilitada por los conflictos que se habían producido entre hermanos durante la guerra civil. Además, el historiador Raymond Carr explica que el núcleo familiar constituía el blanco directo de la represión en contra de los oponentes del régimen ‘La mujer fue instrumento de chantaje para intentar que el hombre de la familia, si se hallaba huido, se entregase. Pero, sobre todo, para que volcase en el entorno familiar el silencio y el miedo….’ [3]

No cabe duda de que después de una guerra civil o momento de violencia política, viene un momento en que se establece una versión “oficial” para atribuir (y deshacerse de) responsabilidades. El sentimiento de culpabilidad se puede llegar a vivir en gran parte de la nación, y en el caso español fue una estrategia clave del régimen para establecer su versión hegemónica de la realidad del país. Sencillamente, el franquismo se recurrió a la culpabilidad como un elemento de su máquina de propaganda. Un ejemplo clave de esta estrategia era La Obra de Redención de Penas por el Trabajo[4] que obligaba a los prisioneros a desarrollar obras públicas y privadas para pagar sus “pecados” en contra de su patria “España”. La idea era ofrecer una catarsis colectiva a través del sacrificio, reflejando de nuevo la penetración del pensamiento católico en el discurso del régimen. Además, cualquier prisionero que admitió su culpabilidad fue demostrado a la nación como un ejemplo de un traidor arrepentido y salvado (y por ende, también del éxito del régimen).

El silencio es un elemento fundamental de cualquier sistema autoritario, ya que – obviamente – callarse se convierte en una estrategia de supervivencia. Juan Marshal, un escritor español exiliado durante los años cincuenta, explica la situación en los siguientes términos: “los ingenuos intentos de ciertos sectores juveniles falangistas por hacer populismo ‘por acercarse al pueblo’ se estrellaron contra el muro del ‘silencio general’ de la masa obrera, apaleada y atemorizada.”[5] Antes de mediados de los 50, no se dieron protestas en contra del régimen y las bolsas de resistencia se fueron atomizando. Es más, en el teatro, entre 1939 y 1963 todas las obras de teatro fueron sometidas a un riguroso proceso de censura, ya que el régimen era consciente del poder y la popularidad del teatro en el país. Cualquier obra con elementos críticos del régimen o de los pilares del pensamiento franquista se suprimieron, convirtiendo en su principal víctima precisamente Alfonso Sastre.

Ahora que se ha identificado la importancia de la familia, la culpabilidad y el silencio para el régimen franquista en España, a continuación se analiza el uso de los tres elementos para comunicar ideas y crear acción de valor dramático en dos obras de los años 50: La muralla de Joaquín Calvo Sotelo y La mordaza de Alfonso Sastre. Lo más curioso es que los dos autores, aunque oficialmente tenían diferentes posturas ideológicas, lograran subvertir estos tres elementos en el teatro y así minaron la hegemonía creada por el franquismo con las armas culturales que el franquismo mismo les ofrecía.

(To be continued…)






[1] Alfonso Sastre, “Once notas sobre el arte y su función” en Anatomía del realismo, Barcelona Seix-Barral p19
[2] www.cervantesvirtual.com
[3] Carr, Raymond (2000) Spain: A History Oxford University Press
[4] Núñez Díaz-Balart, Mirta (2004) Los años del terror: la estrategia de dominio y represión del General Franco La Esfera de los Libros, Madrid
[5] Marshal p 39

1º imagen tomada de http://es.123rf.com/stock-photo/alba%F1il.html

Redoble por Majaz: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú (II Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Donde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-

Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).

No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en cuenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.

Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.

Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).

No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.

Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.

De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.

Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.

La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.

Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista (PN), que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el PN tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera su votación quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.

A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007). Con la consulta se ha demostrado que esa oposición supera ese 50%.

De cómo es posible repetir una historia.-

No se trata de restarle oportunidades a la inversión minera en el país, de lo que se trata es de debatir las formas como ésta debe desarrollarse en el Perú para que no termine socavando las bases de nuestra democracia. Se tiene que ratificar la importancia de la relación entre cualquier compañía minera con la población local circundante. Humberto Campodónico lo ha dejado muy en claro: en la actual legislación internacional sobre la minería, la participación y la consulta de las poblaciones de las zonas mineras, es decir, la llamada licencia social, resulta indispensable para la estabilidad de largo plazo de las inversiones (La República, 9 de setiembre).

En este caso específico, la Minera Majaz es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar los vicios del proceso en su segundo informe, fechado en noviembre del 2006. Sostiene que dicho caso muestra las deficiencias crónicas en relación al gobierno y la regulación de la exploración minera en el país. Estas deficiencias socavan los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de áreas rurales, cuyos derechos son ya vulnerables. Además, afirma que la implementación del Proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Todo ello con conocimiento del Ministerio de Energía y Minas.

El PSG suscribe todo lo aseverado por la Defensoría del Pueblo y afirma que éste resulta ser un caso emblemático porque pone en relieve la debilidad de los derechos de las comunidades afectadas por las minas. También señala que el caso muestra dramáticamente como la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado a las poblaciones locales. Por ende, existe el peligro real de que se pueda agudizar la violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca.

Aunque el PSG afirma que el Proyecto Minero, tal cual está concebido, no implica mayores daños para el medio ambiente ya que les parece manejable, indican que la presencia de la Minera no ha aumentado las oportunidades económicas de la población. Mas bien, se ha incrementado el nivel de inseguridad humana, no solo en las relaciones entre la empresa y la población sino también al interior de los habitantes y de sus familias. Además, afirman que ha disminuido el nivel del empoderamiento de las personas; es decir, su capacidad de sentir que se tiene poder para opinar sin sufrir algún tipo de represión o discriminación.

Frente a todo ello, es notoria la actitud del Estado a favor de la Minera Majaz, a quien se le respetan todos sus derechos y libertades, incluso de manera ampliada. Al contrario, las comunidades campesinas y la población en general sufre de un recorte de sus propios derechos y libertades. Esta situación no hace más que asemejarse a lo ocurrido en el Perú hace muchos años atrás, cuando muchas comunidades de la sierra central vieron sus tierras afectadas por las compañías mineras y sus derechos ciudadanos prácticamente anulados.

Como lo han afirmado algunos comentaristas, la solución no pasa por oponerse a todo tipo de actividad minera, sino en la forma como ésta debe llevarse a cabo, sobre todo en la relación que el Estado debe establecer entre dichas compañías mineras y la población circundante. El Estado debe dejar en claro, en adelante, si es el representante de todos los peruanos o solo de algunas compañías comerciales. De eso dependerá que la historia no vuelva a repetirse, y que la guerra silenciosa continúe o no librando sus incruentas batallas.

Nota: El artículo en su totalidad se lo pueden descargar en el link a continuación:

Redoble por Majaz

Redoble por Majaz I Parte: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú

“La humanidad se arrodillaba, suplicaba gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa.” (Manuel Scorza: Redoble por Rancas)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

A veces, la literatura se acerca a la historia de tal forma que llega a simbolizarla y a retratar una época. Tal es el caso de Redoble por Rancas, que narra la continua, desigual e injusta lucha de la comunidad campesina de Rancas contra una gran compañía minera: La Cerro de Pasco Corporation (USA).

Sin embargo, de haberse escrito este año, podría haber retratado perfectamente lo que sucede en estos momentos en Piura. Si bien es cierto en este caso se trata de dos comunidades campesinas afectadas: Yanta y, Segunda y Cajas; y de una compañía minera de capitales chinos. ¡Paradojas del capitalismo!

Sobre las circunstancias en que surge esta historia.-

En los últimos quince años, con la liberalización de nuestra economía, la desestabilización de muchos sindicatos, y la eliminación de varios beneficios laborales (como la estabilidad laboral), el Perú ha logrado un notable crecimiento de la producción y de la exportación de minerales. De esta forma, en los 90’s el área afectada por concesiones mineras aumentó de 4 millones a 16 millones de hectáreas. Así, a fines de la década pasada, aproximadamente el 55% de las 6 mil comunidades campesinas del país estaban ubicadas en zonas influidas por la minería (Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura: PSG 2007)

Si bien es cierto estas no son las únicas causas, resultan sumamente importantes para los inversionistas extranjeros del sector minero, al momento de decidir en que región del mundo van a invertir. Por eso no resulta extraño que dichos inversionistas coloquen al Perú en el puesto 43 cuando se mide nuestro actual potencial minero en relación con nuestras actuales regulaciones y restricciones del uso tierras. Asimismo, cuando se hace la medición de nuestro potencial minero en relación a hipotéticas regulaciones, mucho más flexibles, en donde no existen restricciones de ningún tipo en cuanto al uso de la tierra, el Perú ocupa el primer puesto. (Encuesta Anual de Compañías Mineras: Instituto Frasier 2005-06)

Lo anterior también tiene mucho que ver con el retorno del sistema democrático en nuestro país, que ha permitido, en estos últimos años, que se fortalezcan nuestras leyes laborales, que se controle mejor a nuestra economía y se recompongan nuestros frágiles sindicatos. Esto es notorio en el estudio anterior cuando se analizan los puestos que ha venido ocupando el Perú en el primer cuadro descrito. De ocupar el puesto 6 en el 2002-03, pasamos al puesto 9 en el 2003-04, de ahí al puesto 19 en el 2004-05, para estar finalmente en el puesto 43, ya mencionado anteriormente. (Frasier 2005-06) Igualmente, es posible que el restablecimiento de las libertades democráticas haya permitido que aumenten los conflictos sociales entorno al tema minero, en la media en que la población se ha sentido más segura al reclamar. Así, la Defensoría del Pueblo registró 33 problemas distintos relacionados al tema de la minería en el 2005 (PSG 2007).

En el caso específico de Piura, se puede decir que dicha región no tiene una trayectoria histórica minera, como si la tienen otras regiones en el país. Sus antecedentes mineros se remontan a un anterior conflicto social, el caso de Tambogrande, que es casi reciente. Mas bien, su producción se orienta a la pesca, a los hidrocarburos y a la agricultura. En el último caso, según el Perú Support Group (PSG), entre 1970 y 1994 el sector agrícola piurano creció a 1. 18% anual, mientras que el PBI departamental creció a 1.51%, lo que evidencia que la agricultura, como actividad económica, no es lo suficientemente importante como para elevar el nivel de vida de la población. Esto también significa que, a pesar de que genera mucho empleo, tiene una baja productividad y una producción orientada básicamente al mercado interno. (PSG 2007)

Sin embargo, su actual producción agrícola no es nada desdeñable, menos aún su potencialidad. La producción de limones en Piura está entre los primeros 15 países del mundo, así también, su producción de mangos. Igualmente, así como el Perú utiliza solo el 33% de las tierras agrícolas que posee, Piura solo utiliza 115 mil hectáreas de las 180 mil que puede cultivar. Incluso, según una investigación, se podría irrigar 150 mil hectáreas más (Piura, actividad económica, desarrollo y ambiente: Correa 2006). Evidentemente, para que esto sea una realidad, es necesario de parte del gobierno central un apoyo al sector agrícola.

Sobre los acontecimientos que parieron el conflicto.-

Todo comenzó remotamente, allá por el comienzo de la década de 1990, cuando el yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallado. De ahí pasaron algunos años hasta que los derechos de exploración fueron adquiridos por Monterrico Metals, de financiación británica, en el 2003. A partir de ese momento, empezó realmente esta historia.

Dicho yacimiento se encuentra básicamente en un lugar denominado como Henry’s Hill, que abarca las tierras de dos comunidades campesinas: Segunda y Cajas, y Yanta; afectando en total 1 000 hectáreas, de las cuales la mayoría pertenecen a Yanta. El PSG señala que dichas tierras no están particularmente pobladas ni intensamente cultivadas, y se utilizan más bien, como tierras de pastoreo o de “reserva”. Asimismo, vale la pena mencionar que, ambas comunidades campesinas son particular y excepcionalmente extensas y pobladas. Segunda y Cajas comprende territorialmente todo un distrito (Carmen de la frontera) y más. A su vez, las tierras de Yanta están divididas entre dos provincias, Ayabaca y Huancabamba, aunque sus poblados están en la primera.

Aunque la exploración minera comenzó a mediados del 2002, recién en el 2003 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por la Minera Majaz, controlada por Monterrico Metals, con lo que legalmente tenía la autorización para realizar exploraciones en la zona. Sin embargo, la legalidad de esa autorización fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo en un informe fechado el 9 de agosto del 2006.

En ese informe la Defensoría del Pueblo afirma que se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados por ley para conceder el permiso a la empresa. Además, encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la evaluación ambiental realizada por la minera, consignaron erróneamente el nombre del área donde se iba a hacer la exploración. También, halló que el MINEM no solicitó como requisito indispensable para obtener la aprobación de la evaluación ambiental, el permiso de los dueños de los terrenos. Finalmente, señaló que como los propietarios de esos terrenos son comunidades campesinas, se requiere que el permiso de exploración sea otorgado por dos tercios de los miembros de la comunidad, y que la Minera Majaz solo había obtenido el permiso de algunos líderes de dichas comunidades.

Como respuesta de todo ello, el MINEM no aceptó las responsabilidades del caso y negó cualquier error en su proceder, e incluso afirmó que el permiso de los dos tercios de los miembros de la comunidad no era necesario para aprobar solicitudes de exploración. Es decir, que no se necesita el permiso de los dueños de los terrenos si una minera cualquiera quiere explorarlos. Con esa lógica, los derechos de propiedad no tienen ningún valor para el Estado.

Por ello, este proceder de la Minera generó desconcierto entre la población, la cual no tardó en reaccionar. Las primeras acciones de ambas comunidades campesinas fue desconocer los permisos otorgados por algunos de sus líderes a la Minera, los cuales en su mayoría eran permisos para “pruebas sísmicas”. De esta manera, en la asamblea de la comunidad de Segunda y Cajas del 18 de mayo del 2003, se declaró nula la autorización para prospección sísmica, otorgada por su junta directiva comunal a la Minera Majaz. Prohibiéndose en sus terrenos todo tipo de actividad minera. Este acuerdo fue ratificado por una resolución comunal el 26 de enero del 2004. La comunidad de Yanta no se quedó atrás, y en su asamblea general del 10 de enero del 2004 declaró por unanimidad su oposición a la minería y la no existencia de permiso alguno que permita a la Minera operar en sus tierras. Sin embargo, a pesar de estas acciones en defensa de su derecho de propiedad, el MINEM hizo caso omiso de estas protestas.

Entonces, comenzaron las protestas. El 22 de abril del 2004 un gran contingente de ronderos y comuneros se dirigieron al asiento minero para protestar, pero fueron repelidos por la policía, lo que ocasionó la muerte de un campesino, Reemberto Herrera Racho, al impactarle una bomba lacrimógena en la cabeza. A raíz de estos sucesos se intentó llegar a un diálogo, pero tanto los dirigentes de las comunidades campesinas como de las distintas organizaciones sociales no confiaron en el resultado del mismo.

La tensión quedó latente en la zona. Por lo mismo se organizó para el 25 de julio del 2005 una segunda marcha hacia el asentamiento minero, que reunió alrededor de 3 mil ronderos de Yanta, con apoyo de ronderos y campesinos de Segunda y Cajas, San Ignacio y Namballe. Siendo estos dos últimos centros poblados de la región de Cajamarca. Nuevamente se produjeron enfrentamientos con la policía que ocasionaron otro muerto: el campesino Melanio García González.

Por último, la violencia tuvo un capítulo más, cuando se realizaba un taller organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, que reúne a varios alcaldes, además de los líderes de las comunidades campesinas, de las rondas y de los frentes locales de defensa. Los participantes del mismo fueron atacados por campesinos pro mina que habían llegado organizados y armados con piedras (PSG 2007).

Sobre supuestos conciliábulos de los medios de comunicación.-

Frente a todo lo anterior, los representantes de las comunidades campesinas y de las demás organizaciones sociales decidieron convocar una consulta popular en tres distritos: Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera. Esta consulta tuvo por objetivo el recoger la opinión de la población sobre si la mina debe seguir operando en esa zona. Esta consulta se realizó el domingo 16 de setiembre de este año.

Sin embargo, la postura del Gobierno (representada por el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo y del MINEM) fue oponerse a tal medida, asumiendo en la práctica la defensa de la postura de la Minera Majaz, quien había cambiado de dueño. Para entonces Monterrico Metals había vendido sus acciones al consorcio Zijin (China).

De esta manera, se acusó a la postura anti minera de manipular la opinión de la población, usando para ello a los diferentes medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos (locales y nacionales). Incluso, se llegó a aseverar que los dirigentes de las comunidades campesinas habían ordenado castigar a latigazos a todos los que votaran a favor de la Minera Majaz. Esta aseveración fue refutada por los propios alcaldes quienes señalaron que: “Y con esa denuncia lo único que hace el Premier es ponerse a favor de las mineras y en contra de su pueblo que somos nosotros” (La República, 12 de setiembre).

Aquella guerra mediática desatada por la cercanía de una consulta popular, muy parecida a la que se dio años antes en Tambogrande, no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo. Sobre todo al fracasar el intento de diálogo de una delegación del gobierno encabezada por el propio Presidente del Consejo de Ministros, quien al parecer buscaba frustrar la consulta y llegar a algún tipo de acuerdo. En vista de ello, las autoridades locales y los alcaldes de los distritos no se presentaron a dicha cita, afirmando que se reunirían con el gobierno después de conocerse los resultados de la consulta vecinal.

Inmediatamente después, el gobierno intentó un último amague para frustrar, o en último caso, empañar los resultados de esa consulta. Por ello, Jorge del Castillo acusó el 12 de setiembre a la radioemisora piurana Cultivalú de atentar contra la libertad de expresión, al censurar un spot publicitario que el MINEM quería propagar. La importancia de dicha emisora radica en que, es una de las dos radios que hacen llegar su señal a los distritos de la consulta en Piura. De lograr confirmar esta acusación el Gobierno podría asegurar que, no existían las garantías necesarias para que se lleve a cabo la consulta de forma transparente, libre de presiones y manipulaciones. Invalidando así cualquier resultado negativo contra la Minera Majaz.

Sin embargo, la radio Cultivalú dejó en claro su posición, la cual fue apoyada por varias organizaciones periodísticas, como el Instituto de Prensa y Sociedad. Afirmó que su negativa a aceptar dicho spot se debía a que no mencionaba al autor del mismo, en este caso sería el MINEM, y que propalaba información falsa, al afirmar que la Defensoría del Pueblo había declarado improcedente la consulta. (Perú 21, 13 de setiembre).

Lo que está claro es que el Gobierno, desde el Presidente para abajo, intentaba manipular también la opinión pública en defensa cerrada a la Minera Majaz, generalizando el debate en torno a la minería en el país. Lo paradójico es que éste resulta ser el tema de fondo que necesita ser debatido seriamente en todo el territorio. De lo contrario este tipo de conflictos serán más que recurrentes.

Esta manipulación se hace evidente si se toma en cuenta la campaña de desprestigio de diversos medios de comunicación contra las organizaciones sociales y representantes de las comunidades campesinas, que tienen una postura crítica u opositora contra la Minera, que se dio desde finales del 2005. Esta campaña se dio tanto a nivel local como nacional. En uno de esos ataques se mencionó de la existencia de una “red del terror” que buscaba impedir el proyecto minero de Río Blanco (Programa Panorama, 23 de octubre del 2005).

Además, los diversos comentarios de personalidades políticas ligadas al gobierno, en las últimas semanas, como los del Presidente, que hacen mención a la presencia de comunistas en la zona, esconden la intención de reprimir a toda costa cualquier opinión diferente a la postura del gobierno. Todo ello no hace más que restar libertades políticas a una población que se siente afectada por la presencia de la Minera Majaz. En donde el verdadero círculo de terror parece encontrarse en la negatividad del gobierno en dialogar abiertamente, sin tratar de imponer su propia agenda.

Continuará...