La campaña electoral del 2011: entre el clientelismo y la tecnocracia

Por: Héctor Huerto Vizcarra

La última encuesta de la PUCP no es siquiera una foto de la futura campaña electoral del 2011, en realidad es sólo parte de un extenso juego de probabilidades en donde los vaticinios de Cotler pueden ser tan certeros como los de Rosita Chung. Habría que ser un marxista ortodoxo, un “científico” social cuantitativista o un peripatético fanático de los astros como para pensar que es posible prever el futuro. Las verdaderas “fotos” de la campaña electoral venidera recién podrán gozarse a mediados del otro año, cuando las distintas candidaturas estén formalmente consolidadas de cara a la opinión pública.

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Sin embargo, lo que se puede apreciar gracias a dicha encuesta es que existen ciertas constantes que, al parecer, van a continuar prevaleciendo en nuestro actual régimen político. De las cinco principales candidaturas (Humala, Flores, Fujimori, Toledo y Castañeda) casi todas comparten entre sí las mismas tres cualidades: la pervivencia de una imagen tecnocrática dentro de la política, asociada comúnmente a la eficiencia y la modernidad; planteamientos políticos de corte clientelista y popular; y una actitud política personalista e implícitamente autoritaria. Evidentemente, en cada una de éstas candidaturas se pueden encontrar los rasgos anteriormente enunciados en diferentes gradaciones.

Curiosamente, los dos mejores exponentes de estas tres cualidades se encuentran a la cabeza de las encuestas, es decir, Castañeda y Keiko Fujimori. Por un lado, Castañeda se presenta como un tecnócrata eficiente, que dirige exitosamente una empresa estatal: el Municipio de Lima. No hace política sino sólo obras. Por tanto, no necesita debatir con otros políticos, no hace declaraciones públicas y menos busca consenso con los vecinos de Lima. Por otro lado, Keiko apela a las redes clientelares que heredó del gobierno de su padre, conformadas en parte por algunos comedores populares y comités de vaso de leche. Asimismo, ambos son personalistas y disimuladamente autoritarios. La única cualidad que hizo de Keiko la candidata indiscutible dentro de su agrupación política fue ser hija de Alberto Fujimori. Así como igualmente no es de extrañar que el congresista de su bancada, Carlos Raffo plantee abiertamente: “una democracia blandengue no sirve para nada. Lo que el Perú necesita es una DEMODURA”. Solidaridad Nacional, por su parte, no tiene mayor sentido sin la existencia de Castañeda, ya que carece de doctrina e ideario y su organización gira en torno a su mayor y único líder. En ese sentido, es poco probable que alguien dentro de sus respectivas organizaciones pueda contradecir a Castañeda o a los Fujimori, la democracia interna para ambos es una procadidad que debe evitarse. (1)

Estas posturas se reflejan en los resultados de la encuesta. Aparte de la intención del voto, los encuestados creen, en un 25% para Keiko y un 14% para Castañeda, que ambos son los posibles futuros presidentes del país. Además, el clientelismo popular de Keiko se refleja en que el mayor porcentaje de sus simpatizantes (19%) se encuentra ubicado en los sectores D/E. Mientras que la imagen tecnocrática de Castañeda se refleja en el apoyo que recibe de los sectores altos de la población (21% en A/B). Habría que preguntarse si el mayoritario apoyo masculino que recibe Castañeda (21% de hombres frente a 14% de mujeres) se debe a su marcado autoritarismo o a alguna otra razón.

La persistencia de estos rasgos preponderantes dentro de nuestro régimen político, que están presentes desde 1980, demuestran el cinismo y la fatalidad que carcomen al votante promedio al momento de emitir su voto en las urnas, muy a pesar del crecimiento económico de los últimos años. Por lo que aún se evidencia a un 68% de los limeños insatisfechos con la democracia, mientras que un 63% se encuentra poco o nada interesado en la política. Uno de los culpables de este grave problema también lo es la izquierda, a diferencia de lo que pareciera creer Javier Diez Canseco.

Llama la atención, en ese sentido, el extraño flujo de votantes que podría darse entre las candidaturas de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala. En la encuesta se hace una pregunta interesante: “Y si el candidato de su elección no postulara, ¿cuál sería su segunda opción?” Lo cual es una manera de evaluar la competencia electoral que tienen algunos candidatos por los mismos sectores electorales. Sorprendentemente, tanto para Keiko como para Ollanta, el principal porcentaje de estos votos de segunda mano vendrían, respectivamente, de Humala y de Fujimori. Es decir, ambos candidatos están peleándose mayormente por los mismos bolsones electorales. Dentro de este contexto, que sea percibida la candidatura de Ollanta como la candidatura de “la izquierda peruana”, dice mucho del propio rol que jugó la izquierda con los movimientos sociales en los años ochenta.

Notas:

(1) En el caso de Ollanta no existe una postura tecnocrática, lo que no quiere decir que su postura sea ideológica, y en el caso de Lourdes Flores, sus planteamientos de corte clientelista y popular tienen escasa relevancia, por lo que pasan desapercibidos mayormente.

Las Fuerzas Armadas en América Latina: ¿los verdugos de la democracia? (III parte y final)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Dentro de esta nueva perspectiva, la amenaza de una intervención militar no se muestra muy lejana, incluso mas bien, puede encontrar canales que le permitan el uso de la violencia de forma legítima. Además, tal como lo señala Zaverucha: “Y todo esto, naturalmente, impide la consolidación de una democracia que vaya más allá de los enfoques restringidos a la mera realización de elecciones.” Frente a ello, ¿cuáles son las funciones que deberían cumplir las Fuerzas Armadas para reforzar y no erosionar la democracia?

Para Agüero la solución pasa por desarrollar instituciones fuertes que controlen democráticamente tanto a las Fuerzas Armadas, a la policía como a los servicios de inteligencia, a la vez que los conviertan en instrumentos eficaces para la protección y la seguridad de los ciudadanos. Puntualiza además que un enfoque general de las políticas debería mantener una separación entre las funciones de estos tres sectores. Para todo ello, es necesario según Agüero, un liderazgo civil sólido que formule una política consistente y afirme una cadena de mando bien establecida. Por último, plantea que es importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates públicos sobre las políticas de seguridad, y en la vigilancia de la actuación de las instituciones que operan sobre ella.

Desde mi punto de vista, esto no es suficiente, puesto que otra de las principales tareas es desaparecer en gran medida la línea separatoria que existe entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Partiendo de esta idea, se tiene que eliminar todo tipo de prerrogativas, como la del fuero militar, que desligue a los militares de la sociedad en general, así como dotarlos de todas las características que tiene un ciudadano común y corriente, como el derecho al voto. Si no se puede ciudadanizar a los miembros de las Fuerzas Armadas es poco probable que entiendan el valor intrínseco de la democracia y la defiendan.

Bibliografía

ZAVERUCHA, Jorge. La militarización de la seguridad pública en Brasil.
PION-BERLIN, David. Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente.
AGÜERO, Felipe. El nuevo “doble desafío”: Como ajustar el control democrático y la eficacia en el ejército, la policía y los servicios de inteligencia.
MÉNDEZ, Cecilia. Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX. En: Revista de Ciencias Sociales. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, 2006

Las Fuerzas Armadas en América Latina: ¿los verdugos de la democracia? (II Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

En la actualidad no se puede calificar a las Fuerzas Armadas de América Latina como instituciones frágiles. Probablemente durante toda la historia latinoamericana han sido de las pocas instituciones que han gozado de popularidad y aceptación. Felipe Agüero incluso plantea que “el ejército es uno de los actores más proclives a buscar altos niveles de autonomía y a evitar someterse a la autoridad de los gobernantes elegidos democráticamente”. Señala que en algunos casos conservaron la autonomía de la que gozaban los regímenes militares anteriores, o que la ampliaron durante o después de las transiciones democráticas. En ese sentido, específica los campos en donde la autonomía militar se hace presente: en los presupuestos, en la orientación educativa, en la definición del patriotismo y en la tutela del interés nacional.

Sin embargo, es evidente un cambio en el rol político que los militares cumplen en las sociedades latinoamericanas: ya no intentan por medio de golpes de estado la toma del poder político. Para David Pion-Berlin esta subordinación efectiva de los militares a los civiles es posible por el rechazo internacional (sobre todo regional) que existe contra los regímenes militares. Sumado a lo anterior, agrega dicho autor, resulta también importante la disminución de influencia, tamaño, recursos e importancia de las Fuerzas Armadas en la región. Ahora la función de las Fuerzas Armadas parece estar más enfocada en temas de seguridad pública y en la asistencia de los programas sociales (desarrollo).

Por eso, Pion-Berlin al hacer un análisis de las relaciones cívico-militares, encuentra cuatro aspectos resaltantes: Primero, por un lado las organizaciones regionales elevan los costos de los golpes militares, mientras que por otro lado, las debilidades de los gobiernos incrementan los costos de la no intervención militar; segundo, si bien es cierto las operaciones militares en términos de seguridad interna y desarrollo han aumentado, el control civil no ha resultado perjudicado; tercero, los líderes militares saben poco del tema de defensa nacional, no obstante, esto no parece afectar su capacidad de controlar a las Fuerzas Armadas; y cuarto, el desconocimiento de los políticos de los temas relacionados a la defensa nacional no solo es racional sino también inevitable, debido a que no hay amenazas externas ni un interés económico o político en las políticas de defensa.

Todo lo descrito anteriormente se puede ejemplificar en su mayor parte con el caso brasileño. Jorge Zaverucha afirma que en Brasil se puede apreciar cierto grado de autonomía de sus Fuerzas Armadas junto con la pervivencia de instituciones autoritarias. Durante la transición brasileña hacia la democracia, las Fuerzas Armadas brasileñas lograron obtener beneficios que no fueron transitorios, por lo que no hubo un proceso de desmilitarización, mas bien, se incrementaron las competencias de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

III

Frente a esta situación de confusa estabilidad, ¿en qué medida se puede afirmar que las Fuerzas Armadas latinoamericanas constituyen un peligro para la democracia? Para Felipe Agüero el peligro no es tan contundente. Señala que lo peor que pueden provocar es la merma de la calidad y fuerza de la democracia, pero que de ningún modo afectarían su existencia misma. Los principales peligros, dentro de esa perspectiva, serían la corrupción, el desprecio de las libertades civiles y la manipulación de prioridades en materia de seguridad. Pion-Berlin se muestra más optimista al afirmar que “ni siquiera el giro político a la izquierda registrado en los últimos años ha aumentado los riesgos de una intervención militar.” Aún así, no es renuente al indicar que así como se han desmilitarizado los conflictos políticos, se han militarizado otros campos, como los de seguridad interna y desarrollo.

Curiosamente, los planteamientos más reveladores son los de Zaverucha, y no por nada su ensayo es el único que describe una realidad política concreta. Plantea como presupuesto inicial que, en los regímenes democráticos, las competencias institucionales de la policía y el ejército están claramente separadas. Frente a esta idea, afirma que en Brasil se vive una realidad diferente. Las políticas de seguridad interna se militarizan cada vez más.

Eso se evidencia claramente desde el nombre que las fuerzas policiales brasileñas tienen, el de “policía militar”. Dicha policía militar tiene entre sus atribuciones más resaltantes las siguientes características: imita en cada estado el modelo de los batallones de infantería del ejército; su código de conducta es similar al del ejército; está regulada por el mismo Código Penal Militar y el Código Procesal Penal de las Fuerzas Armadas; sus unidades de inteligencia forman parte del sistema de información del ejército; y es considerada como una fuerza de reserva del ejército, cuando solo debería suceder esto en tiempo de guerra.

Todas las características anteriores revelan a la policía militar brasileña como un apéndice de sus Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas. Pero, ¿hasta qué punto la influencia militar en la policía (o en la seguridad interna) afecta el funcionamiento de la democracia? Para Agüero, la seguridad de los ciudadanos es una condición indispensable para el ejercicio y disfrute de los derechos democráticos. En consecuencia, éste autor señala que, los problemas de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia están intrínsecamente relacionados.

Por lo tanto, que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en el trabajo de la policía no solo se debe a un mal desempeño de las fuerzas policiales sino a un descuido político, ya que los gobiernos se centralizaron sólo en la reforma militar. Con ello se permitió una mayor autonomía de la policía que degeneró en ineficacia y corrupción, según Agüero. No obstante, Zaverucha ve en esta ingerencia de las Fuerzas Armadas un proceso de politización de las mismas: “El proceso de politización de las Fuerzas Armadas se da simultáneamente con la militarización de la policía.” De esta manera, se podría estar hablando de un nuevo intento de politización de las Fuerzas Armadas en América Latina, aunque desde una perspectiva diferente.[1]

[1] Zaverucha afirma que es verdad que los militares han vuelto a sus cuarteles, es decir, ya no conducen el destino del Brasil, pero esto no significa que se hayan retirado del poder. La prueba de ello, para éste autor, es que el ejército cada vez más tiene injerencia en las decisiones vinculadas a los asuntos de seguridad pública.

Las Fuerzas Armadas en América Latina: ¿los verdugos de la democracia? (I Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra


El rol histórico que han tenido las Fuerzas Armadas en los países latinoamericanos se ha teñido de sangre constantemente. Se han visto envueltas, desde la creación de los estados independientes latinoamericanos, en guerras civiles, revueltas y golpes de estado. Lo que ha llevado a muchos investigadores a cuestionar su rol en la creación de éstos estados, y más recientemente, en la consolidación de los mismos. No obstante, aún hay más incertidumbres que certezas. Incluso, no pocos cuestionan la razón de su existencia, a raíz del modelo exitoso seguido por Costa Rica.

Todos estos cuestionamientos suelen recrear la imagen de unas Fuerzas Armadas represivas y poco democráticas. Evidentemente la propia organización interna de dicha organización, jerárquica y autoritaria, no permite una mayor vinculación teórica con el modelo democrático. Sin embargo, el rol histórico que ha tenido en esta parte del mundo no está del todo claro. Cecilia Méndez en un ensayo que aborda lo que denomina como paradojas del autoritarismo, frutos de la relación entre el ejército y el campesinado en el Perú, postula que el ejército es la institución estatal que ha estado históricamente más vinculada al campesinado y que dicha relación resulta importante si se quiere entender la historia política del Perú.

En ese sentido, afirma que no es nada novedosa en la historia peruana la alianza entre militares y campesinos (ronderos) que permitió la derrota de Sendero Luminoso en la sierra peruana a fines de los 80’s. Este tipo de relaciones entre ambos grupos sociales se fue dando con asiduidad durante las innumerables guerras civiles de los inicios de la República. Esto cambió a raíz de la profesionalización de la Fuerza Armada a inicios del siglo XX. Por eso plantea dos hipótesis sumamente sugestivas: que los campesinos andinos no permanecieron al margen del estado republicano, sino que participaron activamente en la formación del mismo a través de su apoyo a los ejércitos caudillistas; y que a partir del último tercio del siglo XIX “los gobiernos militares y los regímenes civiles autoritarios en el Perú han tenido mayores iniciativas — y un éxito mayor— que los gobiernos civiles constitucionales en implementar políticas estatales destinadas a favorecer al los sectores campesinos, es decir, incorporarlos a los beneficios del Estado y la ciudadanía”. En consecuencia, la intersección de ambos postulados genera la gran paradoja del autoritarismo: su herencia democratizadora. Una herencia que en el caso peruano se mantiene nítidamente vigente durante el gobierno militar de Velasco de 1968.

Sin embargo, lo que la autora no menciona, posiblemente porque escapaba a los objetivos de su ensayo, son los límites que ésta herencia democratizadora tiene. Aún así, estos postulados cobran mayor relevancia al rechazar Méndez la total singularidad de la historia de las Fuerzas Armadas peruanas: “pese a que la trayectoria del ejército peruano es excepcional en muchos sentidos, encaja dentro de un contexto andino que no es ajeno al populismo militar y a las alianzas militar-campesinas; con diversas variantes, este tipo alianzas se dio históricamente en Bolivia y Ecuador y (hoy se da) en Venezuela…”.

Siguiendo esta línea de pensamiento, con la persistencia de sistemas políticos frágiles en la región y una participación activa de los militares en la política nacional, como es el caso de Venezuela con Chávez, de Perú con Ollanta Humala, y lo fue de Ecuador con Lucio Gutiérrez, resulta válido preguntarse cuál es el rol que le compete a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos dentro de los sistemas políticos actuales.

Yendo más allá del mercado: una nueva propuesta de reformas económicas

“No existe correspondencia entre la versión de economía de mercado que se les
está imponiendo a los países en desarrollo y, por ejemplo, la de Estados
Unidos.” (Stiglitz: 2003, p. 29)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

En el texto El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina Joseph Stiglitz plantea una diferente perspectiva de análisis de los problemas económicos de América Latina. De esa manera, se presenta disconforme frente a las políticas económicas imperantes en la región desde la década de los 90’s. Si bien es cierto el inicio de dicha década se caracterizó por un breve repunte en la economía de la región, con un incremento de su productividad, en contraposición con la crisis económica de la década pasada, para este autor dicha mejora económica no fue una consecuencia de las reformas aplicadas desde los inicios de los 90’s, sino el repunte natural de un mercado tras salir de una etapa de recesión. (Stiglitz: El rumbo de las reformas, p. 19)

Desde ese punto de vista queda claro que las denominadas ventajas de las reformas económicas de los 90’s, amparadas dentro del Consenso de Washington, pierden todo tipo de valor. Para el autor tampoco tienen mayor justificación en la medida en que dichos planteamientos económicos no fueron empleados en su momento por las ahora potencias industrializadas, tal como lo afirma en la cita inicial de este texto. Por eso no duda en calificar que el experimento de reforma ha fracasado en América Latina, en la medida en que muchos países sufren recesiones, depresiones y crisis que recuerdan los años de la Gran Depresión.

Entonces, se hace necesario explicitar de forma más detallada lo que para Stiglitz significa este fracaso. Aunque el crecimiento medio de América Latina durante los 90 es superior a la década anterior, representa un poco más de la mitad de las tasas de crecimiento de los años 50, 60 y 70. Es decir, el libre mercado y el Estado minimalista fueron incapaces de generar un crecimiento mayor a los que se dieron en décadas pasadas, donde el Estado era más fuerte y existían mayores ingerencias por parte de los gobiernos para controlar al mercado.

De igual forma, estas reformas generaron mayor inestabilidad económica en la región. Casi todos los países pasaron por periodos de crecimiento negativo, con lapsos de tiempo que varían entre uno a más años. Asimismo, el nivel de pobreza en América Latina se incrementó levemente en dicha década, y la brecha entre pobres y ricos aumentó en la mayoría de casos, generando así mayor desigualdad. Todo ello ha contribuido indirectamente a que se mantenga una democracia meramente electoral, en donde la población no tiene mayor ingerencia en las tomas de decisiones del gobierno. En resumen, para Stiglitz el fracaso se debe a la forma como se planteó que funcionaba el mercado y la función que debía tener el Estado en el mismo.

Dentro de esa perspectiva es innegable encontrar similitudes con la realidad económica peruana. En donde se puede evidenciar que, la crisis económica que vivió el Perú en la década de los 80’s comenzó a darse a finales de los 70’s cuando el gobierno militar de Morales Bermúdez cada vez más se vio agobiado por las deudas contraídas por el propio régimen militar y los regímenes pasados con entidades del extranjero. En 1973 se tenía una deuda externa de 4 132 millones de dólares y para 1979 dicha deuda se había más que duplicado en 9 334 millones de dólares.1 Todo ello vino de la mano con una inflación preocupante: de tener 4.2% de inflación en 1972, en 1979 se tenía una inflación del 66.7%.

Esto conllevó a que en el primer gobierno democrático de los 80’s decretara la moratoria de la deuda externa peruana en 1984. Sin que por ello fueran ajenos flagrantes casos de corrupción y malos manejos de la deuda externa peruana. Para 1981 se había obtenido un préstamo para la compra de dos motonaves, las cuales se malograron en 1984 sin haber entrado en actividad. Lo cual resultó escandaloso.2 Sin embargo, a pesar que el gobierno aprista de la segunda mitad de los 80, pago más del 10% de su presupuesto anual por el concepto de deuda externa, la misma se incrementó en 22 856 millones de dólares para 1990. La deuda externa creció en esa década en alrededor de un 250%. Para esto, también hay que tomar en cuenta las astronómicas cifras que alcanzó la inflación peruana para el final del primer gobierno de Alan García. Con ello, el panorama de la crisis económica está más completo.

Dentro de este panorama, las reformas del Consenso de Washington se aplicaron en el Perú casi al pie de la letra, como el remedio para contener la crisis económica de la década pasada. Generando una sensación inicial de bienestar entre la población, por la llegada de capitales al país, entre los que destacaba el dinero recaudado por la venta de las empresas estatales, el cual en un primer momento sirvió para solventar los incentivos de renuncia de decenas de trabajadores públicos. Tal como lo afirma Stiglitz, al parecer, en el Perú estas inversiones se emplearon más en el consumo que en la inversión de proyectos de largo plazo.

Curiosamente, estas reformas económicas vinieron de la mano con la irrupción del régimen democrático, y con casos de corrupción en cuanto al manejo de los fondos públicos provenientes de las privatizaciones y al manejo de la deuda externa. Contraviniendo de esa manera la idea de que un Estado liberal en cuanto a materia económica asegura una mayor eficiencia y menores niveles de corrupción.

No solo la población peruana se vio afectada en la parte económica, donde un 60% se mantuvo dentro de una situación de pobreza, sino que la nueva política del Estado de fomentar el libre mercado y aplicar el menor control sobre el mismo, afectó también los derechos y libertades del ciudadano. Mermando así su derecho a la participación, y a que su opinión sea escuchada, en beneficio de los intereses de determinadas empresas o inversiones. Esto se hizo evidente en el Perú en la minería. Por ello, cabe resaltar los conflictos generados entre empresas mineras y la población circundante en Tambrogrande (2004) y Majaz (2003-2007), ambos en Piura. En el caso de Majaz se evidenció que se habían socavado los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de las áreas rurales. No solo se les puso trabas a la población para participar en el proceso de implementación de la Minera Majaz, que afecta las tierras de dos comunidades campesinas, sino que se violaron los derechos de propiedad de los comuneros. Todo ello con el aval del propio Ministerio de Energía y Minas.3

Entonces, dentro de esta situación caótica, ¿hasta qué punto las propuestas de reformas (de las reformas) de Stiglitz son necesarias en el Perú? Lo que se hace imprescindible en la coyuntura actual es que el Estado asuma un rol regulador dentro del mercado, que ponga trabas a los capitales golondrinos, que proteja a los inversionistas nacionales y que promueva la industria. Es evidente que el Perú como un mero exportador de materias primas en el mercado mundial no puede aspirar a convertirse en un país “desarrollado”. Asimismo, desde mi punto de vista, el Estado tiene que garantizar que el gobierno represente a las poblaciones locales frente a cualquier conflicto con inversionistas nacionales o extranjeros, garantizando así los derechos individuales y sociales de esas personas. Para ello es importante que el Estado cuente con instituciones independientes que asuman la tarea de mediar estos conflictos, puesto que es imposible que el gobierno sea juez y parte.

Según Stiglitz, el Estado no tiene que ser minimalista ni tiene porque administrar necesariamente mal las empresas públicas. Es más, enfatiza la necesidad que el Estado construya una red de protección social para los ciudadanos. Lo que en términos prácticos significa que, se vuelva a fortalecer la seguridad social en el Perú. Para el autor es importante además, que el Estado garantice a la población el derecho a trabajar, lo que no solo significa generar nuevos puestos de trabajo sino garantizar ciertos derechos laborales, como la estabilidad laboral. También implica la formalización del sector informal de la economía. Igualmente, se tiene que fomentar una tributación equitativa, tal como sucede en Finlandia actualmente, en donde se tribute escalonadamente, de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Así, las personas que tributen más serán lo individuos que tienen mayor capacidad adquisitiva.

Stiglitz plantea además que para no depender del crédito extranjero, o para evitar que dichos créditos se concentren en la capital, se tiene que fomentar la creación de bancos locales y programas de ahorro en la población. También afirma que el Estado tiene que asumir una política de microcréditos que ayude a los empresarios nacionales a salir adelante. Para esto, es necesario para el autor que exista un clima propicio de negocios, tanto para inversores extranjeros como nacionales. Esto significa que la violencia y la inestabilidad política tienen que ser controladas mediante la participación política de los ciudadanos en las decisiones públicas y el respeto de sus derechos fundamentales, dentro de la concepción más amplia del término.

Desde luego, la educación se convierte en un pilar imprescindible dentro del crecimiento económico del país. Para ello no solo se necesita un mayor gasto público en el sector, sino una renovación en los contenidos de la misma. En donde el estudiante pueda aprender de forma práctica el ejercicio de su ciudadanía dentro del marco de su ubicación temporal, cultural y geográfica. Es importante entonces que el alumno se ubique dentro de un marco histórico establecido, con una suficiente capacidad crítica para analizar estos acontecimientos. Desde la educación también, se puedan inculcar hábitos de vida más saludables, que tomen en cuenta el respeto al medio ambiente y que reivindiquen el consumo de productos de origen andino que representan una alternativa alimenticia nutritiva y barata para la población.4

Por último, Stiglitz plantea que resulta importante que el Estado fomente la creación de medios de comunicación alternativos y locales, que impidan el monopolio y que permitan, dentro de sus limitaciones, la participación de la población. Esta idea fue corroborada en la práctica reciente en el Perú cuando en este año se llevó a cabo la consulta popular sobre la Minera Majaz, donde la radio Cultivalú, representó una postura crítica y disidente en relación a la postura del gobierno que era pro minería.5

Sin estas nuevas reformas, que implican en el fondo una transformación de la sociedad, es improbable pensar que se pueda construir una economía más saludable que se refleje en el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más pobres, y en el crecimiento del país.

1 Carlos Parodi. Perú 1960-2000: políticas económicas y sociales en entornos cambiante, p. 140 Estas cifras se refieren a la deuda externa total, que incluye la pública y la de entidades privadas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas solo la deuda pública externa en 1970 llegaba a 945 millones de dólares; en 1973 a 1491 millones de dólares; en 1979 a 5764 millones de dólares. La deuda con el Club de París, en el lapso de 1970 a 1979, creció 8 veces, mientras que la deuda con la Banca Internacional creció 11 veces al valor que tenía en 1970.

2 Héctor Huerto. Apuntes para la deuda externa e interna del Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com

3Héctor Huerto. Redoble por Majaz.Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com

4Esto se contradice con el intento actual del gobierno del APRA de ilegalizar la harina de la hoja de coca.

5Héctor Huerto. Redoble por Majaz.Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú. Publicado en: http://ahorahistoria.blogspot.com

Redoble por Majaz: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú (II Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Donde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-

Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).

No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en cuenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.

Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.

Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).

No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.

Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.

De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.

Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.

La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.

Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista (PN), que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el PN tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera su votación quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.

A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007). Con la consulta se ha demostrado que esa oposición supera ese 50%.

De cómo es posible repetir una historia.-

No se trata de restarle oportunidades a la inversión minera en el país, de lo que se trata es de debatir las formas como ésta debe desarrollarse en el Perú para que no termine socavando las bases de nuestra democracia. Se tiene que ratificar la importancia de la relación entre cualquier compañía minera con la población local circundante. Humberto Campodónico lo ha dejado muy en claro: en la actual legislación internacional sobre la minería, la participación y la consulta de las poblaciones de las zonas mineras, es decir, la llamada licencia social, resulta indispensable para la estabilidad de largo plazo de las inversiones (La República, 9 de setiembre).

En este caso específico, la Minera Majaz es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar los vicios del proceso en su segundo informe, fechado en noviembre del 2006. Sostiene que dicho caso muestra las deficiencias crónicas en relación al gobierno y la regulación de la exploración minera en el país. Estas deficiencias socavan los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de áreas rurales, cuyos derechos son ya vulnerables. Además, afirma que la implementación del Proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Todo ello con conocimiento del Ministerio de Energía y Minas.

El PSG suscribe todo lo aseverado por la Defensoría del Pueblo y afirma que éste resulta ser un caso emblemático porque pone en relieve la debilidad de los derechos de las comunidades afectadas por las minas. También señala que el caso muestra dramáticamente como la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado a las poblaciones locales. Por ende, existe el peligro real de que se pueda agudizar la violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca.

Aunque el PSG afirma que el Proyecto Minero, tal cual está concebido, no implica mayores daños para el medio ambiente ya que les parece manejable, indican que la presencia de la Minera no ha aumentado las oportunidades económicas de la población. Mas bien, se ha incrementado el nivel de inseguridad humana, no solo en las relaciones entre la empresa y la población sino también al interior de los habitantes y de sus familias. Además, afirman que ha disminuido el nivel del empoderamiento de las personas; es decir, su capacidad de sentir que se tiene poder para opinar sin sufrir algún tipo de represión o discriminación.

Frente a todo ello, es notoria la actitud del Estado a favor de la Minera Majaz, a quien se le respetan todos sus derechos y libertades, incluso de manera ampliada. Al contrario, las comunidades campesinas y la población en general sufre de un recorte de sus propios derechos y libertades. Esta situación no hace más que asemejarse a lo ocurrido en el Perú hace muchos años atrás, cuando muchas comunidades de la sierra central vieron sus tierras afectadas por las compañías mineras y sus derechos ciudadanos prácticamente anulados.

Como lo han afirmado algunos comentaristas, la solución no pasa por oponerse a todo tipo de actividad minera, sino en la forma como ésta debe llevarse a cabo, sobre todo en la relación que el Estado debe establecer entre dichas compañías mineras y la población circundante. El Estado debe dejar en claro, en adelante, si es el representante de todos los peruanos o solo de algunas compañías comerciales. De eso dependerá que la historia no vuelva a repetirse, y que la guerra silenciosa continúe o no librando sus incruentas batallas.

Nota: El artículo en su totalidad se lo pueden descargar en el link a continuación:

Redoble por Majaz