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8.3.09

Batallas por la memoria: a propósito de un museo, la historia y la violencia política

Por: Héctor Huerto Vizcarra


Todo se inicia con una donación que quiso ser un museo y un Presidente que negó tal inversión para ese fin. Esto sería el resumen, dejando de lado los nombres propios que podrían entorpecer el debate. Como consecuencia de ello, se generó un amplio intercambio, especialmente en internet, y tuvo a dos blogs como las más visibles cajas de resonancia: el útero de marita y el blog de Gonzalo Gamio. Ambos con posiciones discrepantes.

Empiezo con una perogrullada: esto demuestra que la heridas por nuestro pasado inmediato aún se mantienen abiertas. Pero también implica otra cosa, algunos peruanos necesitamos debatir esos temas. Por eso se han convertido en temas recurrentes y populares en los distintos foros y blogs. Por eso hay tantos comentanto sobre la Teta sin ni siquiera haberla visto. Por eso Ocram habla sobre la ley de la cholonia.

El proceso de construcción de la memoria es constante y no siempre visible. Se construye desde el momento mismo en que se desarrolla un acontecimiento histórico. Y parte desde puntos de vista encontrados. Cada uno de ellos intentando monopolizar el espacio de la opinión pública. Lo curioso es que en el tema de la CVR y la violación de los derechos humanos durante la década de los 80's y 90's, los principales interlocutores de ambos bandos se presentan con notables desventajas.

Por un lado se encuentran importantes agrupaciones políticas, como el APRA, el PPC y el FUJIMORISMO, mientras que por el otro, se encuentran más que todo intelectuales, algunos de ellos de izquierda y con pasado militante. Los cuales no ostentan ningún tipo de representación social, tan sólo un único vínculo en común, la PUCP. Esta ausencia de representantes políticos en la tienda de la CVR se explica, en parte, porque las agrupaciones políticas de izquierda también se muestran totalmente críticas, por lo cual la CVR se encuentra en una especie de fuego cruzado.

Paradójicamente, esta notable desventaja no se evidencia en la forma como se argumenta el tema, sobre todo por parte de los críticos a la CVR y su informe, ya que ellos presentan a sus contrarios como si tuvieran el discurso predominante. O en todo caso, se presentan como lo verdaderos interlocutores del sentir del pueblo, a diferencia de los otros, los “caviares”, lo cual es populismo puro. O quizá, justamente por esta desventaja de fuerzas, los comentaristas opuestos al tema del museo se muestran más inclinados al insulto fácil (caviar, etc.), e incluso, al autoritarismo (informáte más, lee, etc). Una variante de este autoritarismo, muy curiosa por cierto, se da de la siguiente forma: “permíteme tener una voz disidente, ¿puedo?”, afirma el Jorobado, cuando es él quien se ha mostrado prepotente con sus afirmaciones. Y esta podría ser otra ley del internet en el Perú, el reclamarle al otro que respete su punto de vista, siendo él mismo el más prepotente e irrespuestuoso de los dos interlocutores.


Lo que también queda al descubierto es la notable ignorancia de como se recrea la historia, en donde la memoria es una parte importantísima de ese proceso. Debates ridículos sobre si los peruanos tienen o no memoria, no explican la forma como esa memoria luego se convierte en historia. Tampoco explican la forma como se procesa. Felizmente, en medio de ese abismo, surge una pregunta de lo más interesante: ¿cuándo es el tiempo para recordar? Entonces, comtemplo el caso español, en donde en la actualidad algunos ancianos le piden al gobierno que les ayude a encontrar las tumbas de sus muertos, que antes no quisieron reclamar por temor, mientras que los políticos del Partido Popular (derecha) afirman que es mejor dejar el pasado atrás. ¿Ese es el ejemplo que quieren que sigamos?

Lo fáctico es que el gobierno ha rechazado la inversión de 2 millones de euros, lo cual es totalmente contradictorio con la política económica que práctica, que lo ha llevado a invitar personalmente a empresarios a venir al Perú. Por ende, es válido preguntarse cuál ha sido el interés político que ha primado sobre el económico, porque una inversión de tal naturaleza repercute positivamente en nuestra economía.

Por último, es verdad que los miembros de la CVR no son representantes de sectores de la población, pero también es verdad que son representantes de su propia ciudadanía. La crítica debería estar enfocada en el gobierno que no se preocupa por recojer la voz de los peruanos sobre el tema, y tan sólo procura el olvido. Es probable que algunas víctimas prefieran olvidar, pero ¿lo querrán todos? Al menos, yo no.

5.3.09

La Teta que asusta

Por: Héctor Huerto Vizcarra
Kaymi alpay, kaymi markay. Esta es mi tierra, este es mi pueblo. (1)
El principal problema que suelo tener al comentar una obra artística, sobre todo si enfatizo mis críticas en el contexto que describe, es que se me acusa de no tomar en cuenta que la obra es una ficción. Sin embargo, coincido plenamente con ello, toda obra es una recreación de una “realidad”, que no necesariamente es de este mundo, puede ser “real” tan sólo en la mente de su autor. Incluso si la obra busca ser una representación de su sociedad circundante, el autor puede tomarse ciertas licencias creativas, como es el caso de la solución poco práctica de Fausta de introducirse una papa en su vagina. En especial porque, en el fondo, lo que conocemos como “realidad” siempre es una interpretación, ajena o propia, aunque nos duela admitirlo. 
Me gusta pensar que esas licencias creativas sirven para resaltar ciertos rasgos de esa “realidad” que se describe y que tienen que ver con el transfondo de la obra. En la Teta asustada de la peruana Claudia Llosa se hace explícita la intención de describir esa “realidad” circundante que conocemos como el Perú. Esta intencionalidad es indiscutible cuando se le escucha a la propia Directora. Ella afirmó que para lograr ello se hizo necesaria una investigación profunda y una cercanía con el mundo andino que recrea en su película. 
Sin embargo, en la película nos encontramos con personajes poco profundos, estereotipados, y con licencias creativas que se confunden con algunas recreaciones controversiales de nuestra “realidad”, porque carecen de sentido práctico dentro de la trama. Un ejemplo de ello es cuando convierten en una piscina lo que en un primer momento iba a ser la tumba de la madre de Fausta. ¿Qué significado o utilidad en la trama tiene aquello? ¿La victoria de la vida sobre la muerte? Además, de donde saca tanta agua el tío de Fausta para llenar una piscina si se encuentran viviendo en un pueblo joven, donde abundan las casas con esteras, y donde posiblemente no haya agua y desague. Por otro lado, los estereotipos saltan a primera vista. La vieja (rubia) adinerada que usufructua el talento de la pobre y desvalida Fausta, quechuahablante y a la vez supersticiosa. Evidentemente, Fausta no es la representación del migrante, sino más bien del campesino de un poblado remoto y prístino. Además, tampoco faltó la casa colonial y fastuosa donde la mujer adinerada vive, que es atendida por una ama de llaves de piel negra. Y para enfatizar ese ambiente aristocratizante, a la Directora no se le ocurrió nada mejor que colocar una escena en donde a Fausta la revisan como si estuvieran comprando un caballo en una feria.
Mientras tanto, la fuerza dramática de lo que implica una violación dentro de nuestro conflictivo pasado se diluye. El transfondo de la película, que resulta ser la boda de su prima Máxima, cobra notoriedad gracias a ese ambiente bucólico y festivo, donde repite lo mismo que hizo en Madeinusa. (2) Su fórmula del éxito consiste en formar un conjunto de acontecimientos pintorescos, medianamente creíbles para las clases cultas de los países europeos, que no hacen más que evidenciar su propio desconocimiento sobre la realidad que pretende recrear. Esta ignorancia suya fue ampliamente desarrollada en la conferencia de prensa que dió en Berlín, durante el festival. En ella, señaló que los matrimonios masivos constituían una costumbre popular nuestra, cuando en realidad son una salida política, por parte del Estado, para facilitar que los ciudadanos de pocos recursos económicos legalicen su situación civil. Tampoco explicó el por qué había una yunsa en medio de la celebración de la boda de Máxima cuando no se acostumbra en tales eventos. Afirmó también que el quechua es hablado por el 70% o el 80% de la población peruana, cuando según una nota publicada en El Comercio, en el Perú tan sólo tenemos alrededor de 4 millones y medio de quechuahablantes. (3) Asimismo, cuando intentaba explayarse sobre el culto andino a los muertos, señaló muy oronda que mallqui significaba en quechua momia, cuando según César Itier esta es una palabra quechua que significa “planta”, la cual haría referencia a los ancestros de los pobladores que fueron “plantados” en un respectivo territorio, ya que eran mitimaes.
No obstante, no creo que La Teta asustada sea parte de una estrategia mediática de los blancos racistas del Perú, como señaló Peruanista, quien dicho sea de paso, si fuera cineasta, haría una película igual de estereotipada que ésta. No se trata de ningún complot sino del talento que Claudia Llosa tiene en materia de relaciones públicas, por lo que obviamente no voy a escatimarle elogios, sin embargo, lo que ella vende es cebo de culebra. Esto no desmerece que haya sido galardonada, que admito hizo vibrar mi alma nacionalista, pero me obliga a preguntarme, por qué razones una pelicula como esta, sin una trama coherente y sin actuaciones destacables, ha podido ganar un certámen como aquel. La respuesta, evidentemente, sólo la tiene el jurado.
Notas:
1. Oración quechua encontrada en los documentos de los Procesos y Visitas de Idolatrías de Cajatambo, p.342. Traducción de César Itier.  
2. Claudia Llosa durante una entrevista en la Televisión Española admitió que se inventó casi toda la festividad que se desarrolló en la trama de Madeinusa. La foto que precede el artículo es de esa entrevista.
3. Mayra Castillo. “En el nombre del quechua” en: El Comercio, 31 de marzo el 2007. La cifra posiblemente sea mayor dadas las reticencias de algunas personas en admitir que hablan quechua. También dijo que, está aumentando el número de colegios que enseñan quechua.  

Pd. Algo paradójico y desconcertante resulta el parecido que hay en la relación que se desarrolla entre la dueña de la mansión criolla-colonial y Fausta, con la relación que tienen Claudia Llosa y Magaly Solier. Lo que me ratifica esta idea es que este es el comentario que me hace mi compañero de piso (departamento), que es español, sin que yo le haya mencionado algo al respecto. Sobre el tema, entren a este post que nos da otra mirada.

9.10.07

Redoble por Majaz: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú (II Parte)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

Donde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-

Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).

No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en cuenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.

Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.

Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).

No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.

Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.

De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.

Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.

La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.

Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista (PN), que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el PN tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera su votación quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.

A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007). Con la consulta se ha demostrado que esa oposición supera ese 50%.

De cómo es posible repetir una historia.-

No se trata de restarle oportunidades a la inversión minera en el país, de lo que se trata es de debatir las formas como ésta debe desarrollarse en el Perú para que no termine socavando las bases de nuestra democracia. Se tiene que ratificar la importancia de la relación entre cualquier compañía minera con la población local circundante. Humberto Campodónico lo ha dejado muy en claro: en la actual legislación internacional sobre la minería, la participación y la consulta de las poblaciones de las zonas mineras, es decir, la llamada licencia social, resulta indispensable para la estabilidad de largo plazo de las inversiones (La República, 9 de setiembre).

En este caso específico, la Minera Majaz es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar los vicios del proceso en su segundo informe, fechado en noviembre del 2006. Sostiene que dicho caso muestra las deficiencias crónicas en relación al gobierno y la regulación de la exploración minera en el país. Estas deficiencias socavan los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de áreas rurales, cuyos derechos son ya vulnerables. Además, afirma que la implementación del Proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Todo ello con conocimiento del Ministerio de Energía y Minas.

El PSG suscribe todo lo aseverado por la Defensoría del Pueblo y afirma que éste resulta ser un caso emblemático porque pone en relieve la debilidad de los derechos de las comunidades afectadas por las minas. También señala que el caso muestra dramáticamente como la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado a las poblaciones locales. Por ende, existe el peligro real de que se pueda agudizar la violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca.

Aunque el PSG afirma que el Proyecto Minero, tal cual está concebido, no implica mayores daños para el medio ambiente ya que les parece manejable, indican que la presencia de la Minera no ha aumentado las oportunidades económicas de la población. Mas bien, se ha incrementado el nivel de inseguridad humana, no solo en las relaciones entre la empresa y la población sino también al interior de los habitantes y de sus familias. Además, afirman que ha disminuido el nivel del empoderamiento de las personas; es decir, su capacidad de sentir que se tiene poder para opinar sin sufrir algún tipo de represión o discriminación.

Frente a todo ello, es notoria la actitud del Estado a favor de la Minera Majaz, a quien se le respetan todos sus derechos y libertades, incluso de manera ampliada. Al contrario, las comunidades campesinas y la población en general sufre de un recorte de sus propios derechos y libertades. Esta situación no hace más que asemejarse a lo ocurrido en el Perú hace muchos años atrás, cuando muchas comunidades de la sierra central vieron sus tierras afectadas por las compañías mineras y sus derechos ciudadanos prácticamente anulados.

Como lo han afirmado algunos comentaristas, la solución no pasa por oponerse a todo tipo de actividad minera, sino en la forma como ésta debe llevarse a cabo, sobre todo en la relación que el Estado debe establecer entre dichas compañías mineras y la población circundante. El Estado debe dejar en claro, en adelante, si es el representante de todos los peruanos o solo de algunas compañías comerciales. De eso dependerá que la historia no vuelva a repetirse, y que la guerra silenciosa continúe o no librando sus incruentas batallas.

Nota: El artículo en su totalidad se lo pueden descargar en el link a continuación:

Redoble por Majaz

27.9.07

Registros del Recuerdo, Recuerdos del Olvido: ¿Qué pasó con El Ojo que Llora?*


* Por Edgar Villegas Vásquez

El año de 1932 Augusto B. Leguía y Salcedo muere en la cárcel del panóptico, la llamada Carcel de Lima; muchos fueron los delitos que se le imputaron, entre ellos la corrupción en un clima de bonanza basado en empréstitos, la construcción de una constitución a su medida y el calzarse un congreso del modo que le permitiera señalar los rasgos autoritarios que se formarían en el “Oncenio” (1919 - 1930), un gobierno inicialmente de corte populista y que paradójicamente buscaba integrar a las grandes mayorías al Estado, separándose del modelo de Estado restringido de la República Aristocrática. Las similitudes del régimen de Leguía con el de Alberto Fujimori Fujimori en los noventa son de lo más saltantes: contextos de crisis sociopolítica y económica, deterioro del tejido social, irrupciones de nuevos actores en la política, una bonanza posterior que se tradujo en obras, más no en institucionalidad, en fin, y muchas cosas más, salvo en un pequeño detalle querido lector: diferentes disidencias políticas.

Por que el parámetro anterior es el que separa a ambos gobiernos, si quisiéramos llamarlos sincrónicos en la historia, y nos enfrentamos actualmente después de la llegada de Fujimori extraditado en los últimos días ante las dinámicas complejas de ver la memoria colectiva en el país, dialogarla, escarbarla, y por último, simbolizarla en el espacio urbano, así como por último, repensarla frente al atentado contra “El Ojo que Llora”.

Los más de diez años de conflicto armado interno que tuvo que vivir el Perú señalan la serie de secuelas, que no se hallan sólo representadas en la crisis del modelo de Estado sobredimensionado de los ochenta, sino que nos trasladan a espacios de entender la marginalidad y las formas de parcialización de la ciudadanía, nos remiten a temáticas que aún se hallan pendientes por solucionar, empezando por la difícil tarea de reconocernos entre nosotros mismos. La destrucción que ha sufrido el monumento enfrenta la memoria de reconocer las violencias horizontales y verticales entre diversos tipos de actores sociales dentro de un conflicto de más de diez años que nos ha costado más muertos que todas las guerras y conflictos armados que vivió el país en la república, violencias que aún persisten de alguna forma ligadas a la negación de las dimensiones del conflicto armado en la mentalidad de sectores la sociedad peruana.

Dialogamos con nuestra historia también ante el espacio urbano, la llenamos de símbolos, metáforas y héroes convertidos en estatuas, imágenes pictóricas o nominales, que a través del caminar por un parque o una calle nos recuerden el pasado; sin embargo, es necesario también reconocer que aún persisten formas excluyentes de asociarse con la memoria en el Perú, al punto que muchas veces se niega el reconocimiento o la visibilidad a partes del tejido social, o si se las muestra se persiste en mostrarlas en formas subalternas o estereotipadas.

Casos como la memoria de una guerra como esta, interna, a veces de baja intensidad y con trazos de lo que fueron las guerras de descolonización en los post cincuenta, pegó con fuerza en el contexto del deterioro previo en que vivía el Estado de finales de los setenta. La pregunta en el post conflicto es ¿cual es el rol de los historiadores?, en este caso concuerdo con la opinión de Cosamalón
[1] sobre el rol del historiador después del Informe de la CVR debido a que son los historiadores son los obligados a reflejar a la sociedad, y al mismo tiempo traer a la memoria social a grupos mal llamados invisibilizados, como lo fueron el quechuablante. En muchos casos la historia ha girado hacia el registro del archivo y el documento, hacia lo urbano antes que hacia lo rural, o hacia mecanismos de fuga en lugar de tratar dinámicas de conflicto que nos permitan reconocernos sin pisar la traba de la historia ucrónica, la de las catástrofes, las crisis y las derrotas, en las que muchas veces un sector culpa al otro del fracaso.

Sabemos por las conclusiones del informe que la población más impactada por la violencia política fue la rural, mayormente quechuahablante, así como que las estrategias para tratar de llevar el conflicto por el Estado tuvieron diferentes lógicas y resultados en sus diversas fases entre ochentas y noventas, a veces positivos, a veces negativos, pero ahora ¿como se representan las víctimas del conflicto? ¿Las representamos bajo el viejo melodrama “malos – buenos”? en los que se representan muchas de las narrativas sociales en el Perú desde la ficción en las telenovelas, hasta las de la realidad en la política en donde en esta última el caudillo siempre construye un discurso de salvación opuesto a unos otros, muchas veces representados en partidos políticos o en actores en contextos de crisis como las que por ejemplo se vivieron en los ochenta y noventas con el conflicto interno, todo esto nos impide ver las dinámicas de fondo del problema.[2]

No fue fácil construir una memoria conjunta de esta guerra, no lo fue tampoco entender que quienes fueron parte de este conflicto armado ya estuvieran del lado de las fuerzas del Estado, de las poblaciones impactadas o de quienes tomaron la opción de la disidencia algunas veces discurrieron entre nosotros mismos. Lo importante a pesar de los silencios[3] y vacíos - pues sí los adolece- es que el Informe Final de la CVR nos remite a ciertas fallas que se han arrastrado en la República y que impactan en la actualidad, entre otras cosas ante el futuro reconocimiento de ciudadanías en el país o al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En fin, el daño esta hecho. Si desea unirse al memorial que se manifiesta en contra a este acto, ingrese a la siguiente dirección:


http://www.paraquenoserepita.org.pe/joomla/index.php


[1] Revisar para esto el articulo en dos partes de Jesús Cosamalón llamado : La labor del historiador después de informe de la CVR en los archivos de este blog.
[2] Esta visión que se transluce en la política a través de dilemas que se relacionan a la ficción melodramática se la escuche a Rosa María Alfaro Moreno, me pareció muy relacionada a la forma en que los caudillos instituyen sus discursos frente a quienes los eligen, sobre todo en coyunturas de crisis.
[3] Para este caso, revisar : Igue Tamaki, José Luis: Los silencios del gran relato. En: Histórica Vol 29 No 1 (2005).

15.5.07

La función social del historiador a partir del Informe de la CVR (II Parte)


Por: Jesús Cosamalón Aguilar (IRA-PUCP)


Ahora bien, en la historiografía peruana este esfuerzo de devolverle el rostro a los participantes de la historia es algo que se comenzó a hacer de manera sistemática hace ya algún tiempo. Por ejemplo, Alberto Flores Galindo, tituló “Rostros de la plebe” a uno de los capítulos de Aristocracia y plebe en Lima colonial, uno de los mejores libros publicados acerca de la ciudad de Lima a finales de la colonia.[1] En este capítulo, como en el resto del libro y su obra, Flores Galindo busca enfatizar la práctica de una historia que intente recuperar el rol de los sectores populares. La propuesta de Flores Galindo, va, como es conocido, más allá de solo un énfasis historiográfico, pero me interesa resaltar la importancia que puede tener, para un historiador, el reconocer que los individuos, de los cuales encontramos muchas veces fragmentos inconexos en los documentos, son, ante todo, seres humanos y no citas destinadas a enriquecer nuestro conocimiento o hacer más amenos nuestros escritos. Para resaltar esta propuesta vale la pena rescatar un comentario crítico que Flores Galindo hizo para el célebre libro de Hernando de Soto, “El otro sendero.”[2] La propuesta del último autor gira en torno a reivindicar la actividad de los informales como constructores de un país nuevo, no solo como evasores del orden y generadores de problemas urbanos. Aunque en principio podamos simpatizar con esta propuesta, Flores Galindo agudamente señala que el principal defecto de ella reside en que el ser humano llamado “informal” termina, en el texto de De Soto, desdibujado, “no tienen nombres ni apellidos... son individuos no personas.”

De este modo, una de las primeras condiciones que desde la historia se puede aportar a la agenda de temas para la discusión es la necesidad de reconocer a los individuos que forman parte de nuestro pasado y nuestro presente como personas, con el debido respeto a su experiencia histórica. Parte de ese respeto pasa por la creación de una memoria colectiva frente a la cual las personas puedan reconocerse y contestar preguntas tales como ¿quiénes somos? o ¿por qué somos de esta manera? Solo así podremos saber hacia dónde vamos.

Esto significa, desde mi punto de vista, reconocer algunas cuestiones centrales. En el Informe, como sabemos, se señala en varias oportunidades que uno de los elementos más dramáticos que se encuentra en la violencia es la pérdida de dignidad de la persona, reflejada tanto en el trato que Sendero Luminoso como los representantes del Estado le daban a la persona. Una evidencia concreta de esto es el perfil de las víctimas que se puede reconstruir a partir de los datos proporcionados: quechua hablante, actividad agropecuaria, educación primaria y, preferentemente, de apellido Quispe o Huamán.

Si hiciéramos el experimento de dar a algunas personas estos datos y pedirles que dibujen el rostro, cuerpo y vestimenta de estas personas me imagino que los resultados serán previsibles. Sin duda reparar el daño personal hecho es imposible, pero los historiadores tenemos el deber de evitar que el discurso historiográfico repita esta actitud. Así, como ha señalado Fidel Tubino, en un interesante artículo,[3] las identidades colectivas se “estructuran sobre la base de la retención del pasado y la proyección al futuro... una identidad sin memoria es una identidad sin proyecto” (p.96.) Lo cual significa, como señala Tubino, que el proceso de recuperación de la memoria resulta imprescindible para devolverle la identidad y su dignidad a las personas. (p.98.) Por ello el acto de recuperar o construir una memoria histórica ante la cual nos reconozcamos debe ser una tarea fundamental de cara al futuro, condición necesaria para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil, es decir, para la práctica política futura. Necesitamos todas las historias para que cada peruano se reconozca con dignidad en ella. Al menos en parte, esa debe ser nuestra función social.


II. Derroteros para una agenda historiográfica

Un aspecto que me interesa señalar es el esfuerzo que hizo la CVR en establecer que los años que van de 1980 al 2000 deben ser considerados en nuestra historia como un período con nombre y apellido propio: la era de la violencia. Podemos discutir la pertinencia del nombre, pero lo que está fuera de discusión es el hecho concreto que estos años se han ganado —de una manera trágica— un lugar en nuestra historia tal como lo tienen con nombre propio otras etapas, tales como la “República aristocrática” o la era del guano. Es de esperar que la labor posterior de los historiadores se encargue de otorgarle carta de ciudadanía a este período por medio de investigaciones que de manera puntual se encarguen de aclararnos diversos aspectos, pero la pertinencia del tema en cuanto a sus implicancias y efectos duraderos está fuera de discusión.

Este nuevo período de nuestra historia no va a sobrevivir de manera automática. Además, se puede correr el riesgo, como es notorio para otros momentos de nuestra historia, que los principales acontecimientos del proceso sean marcados por los hechos considerados “grandes”, usualmente actos políticos y militares. El riesgo de este discurso es que podría dejar de lado una de las “memorias” del período que, interpretando el sentir del Informe, dejaría fuera la experiencia histórica de un gran número de peruanos y peruanas (aunque cierto político les exija DNI) signados por el dolor, humillación y muerte a manos de Sendero o las fuerzas del orden. En ese sentido el Informe de la CVR cumple el objetivo de recordarnos que la historia como disciplina proveniente de las humanidades y, por lo tanto, preocupada en lo humano no solo en términos académicos sino en cuanto a las personas concretas, tiene la misión de ayudarnos a todos a comprender la historia desde lo que podríamos llamar “los zapatos del otro”. Por ejemplo, cuando el Informe intenta comparar qué resultados tendríamos en el Perú si es que la tasa de mortalidad por causa de la violencia en Ayacucho se hubiera extendido a todo nuestro territorio, hace el esfuerzo de señalarnos que una forma eficaz de comprender la gravedad de los hechos es situarse en el lugar del otro.

Casi es innecesario remarcar el valor que tiene esta perspectiva en nuestra sociedad. Si hay algo que está en el fondo de los hechos de las décadas de la violencia, es la incapacidad que teníamos (y tenemos) para ponernos en el lugar del otro, especialmente notorio en los actores fundamentales del conflicto, pero finalmente presente en todos los estratos de la sociedad peruana.

Otro aspecto importante para comprender la función social del historiador parte del reconocimiento de que la violencia acaecida adquirió los perfiles que nuestra sociedad contenía. Así, como si fuera un terremoto —de hecho fue un cataclismo social solo comparable a la época de la conquista, como Cecilia Méndez lo ha mencionado en una publicación— este dramático evento nos da la oportunidad de analizar los estratos socioculturales, económicos y políticos que han sostenido nuestra historia. En ese sentido, la era de la violencia tiene una profundidad histórica que hace imprescindible la labor de los especialistas. Para que estos hechos adquieran la dimensión que el Informe señala, fue necesario que se conjuguen tendencias históricas que emergieron, cual volcán, cuando la violencia se instaló entre nosotros.

Aquí se puede vincular este tema a dos aspectos que antes he señalado. La “idea crítica” que hace responsable a la dominación española de todos —o la mayoría— de nuestros males contemporáneos no se encuentra presente en el Informe de la CVR. Para algunos muy probablemente esto constituye un error pues las raíces coloniales de la dominación en sus expresiones de explotación y discriminación son más que evidentes. No estoy interesado en afirmar si esto es verdadero o falso. Me interesa sí reconocer que la opción —válida desde mi punto de vista— de centrarse en los últimos 50 años de nuestra historia para explicar los hechos también debería obligarnos a repensar el peso de nuestra historia colonial en el presente, sin negar la experiencia histórica de explotación y maltratos a los que fueron sometidas muchas de las comunidades indígenas andinas en el pasado. Así, de manera indirecta el Informe de la CVR en parte también debería contribuir a que elaboremos una nueva imagen de nuestro pasado colonial y de su influencia en el presente.

Otro reto importante que tenemos es cómo elaborar una historia de ese período sin que solo sea una imagen de lo dramático y del dolor que ocasionaron a pesar de que —dejo expresa constancia de ello— tiene que hacerse. Corremos el riesgo de que en el futuro quede solo memoria del dolor y de la desesperanza de esos años. Nuevamente repetiríamos la imagen negativa del siglo XIX en el XX y así tendríamos la reiteración de que en el Perú la historia no puede ser fuente de esperanza, dado que se han repetido nuestros fracasos constantemente. Además, no está eliminado el peligro de que la “ucronía” se instale nuevamente entre nosotros e interpretemos este período de nuestra historia como una nueva oportunidad perdida para salir de nuestra situación de atraso y postración social.

¿Cómo revertir esos peligros? Sería extremadamente presuntuoso pretender dar la receta que prevenga esta enfermedad. Solo me quedan intuiciones, que en el fondo —y por encima también— son tal vez la base fundamental de las humanidades y todo en tono más bien de autocrítica. En primer lugar, tenemos que reinterpretar la afirmación de que “toda historia es historia contemporánea”. Desde mi punto de vista, dado el contexto en que nos toca vivir, no podemos dejar que esta virtud de la historia quede entrelíneas en nuestros escritos, a modo de acertijo a ser resuelto por los lectores. Por el contrario, es responsabilidad social del historiador dejar constancia de qué manera su presente se encarna en la investigación que presenta.

De otro modo, “toda historia es historia contemporánea” corre el riesgo de ser interpretado como un acto de evasión de los problemas concretos del Perú actual. Y no quiero que pase lo que ya pasó. En segundo lugar —y esto es obviamente auto crítico—, la gravedad de los acontecimientos de las últimas décadas obliga a que los historiadores abordemos la historia contemporánea de manera mucho más activa de como lo hemos hecho hasta hoy. Si nos quejamos de que no se considera al historiador —generalmente— como un especialista en ciencias sociales y humanas, la culpa no es solo de otras disciplinas que se apropian de lo que creemos nuestro terreno, sino fundamentalmente de nuestra escasa capacidad de pelear —en el mejor sentido del término— en un diálogo interdisciplinario y defender la validez de nuestro aporte. Tal vez cuando el historiador logre instalar su campamento en medio de esa discusión, todos podamos sentir que nuestra función social de ser responsables de la memoria está más cerca de su cumplimiento.

En tercer y último lugar, la memoria de los peruanos también debe partir de la esperanza. La eliminación de la violencia política no solo fue posible por los hechos militares y policiales. Fue posible porque numerosos peruanos, muchos de ellos anónimos, creyeron que era posible mejorar el país sin recurrir a la masacre, el abuso o el autoritarismo. No se trata de mayorías o minorías, se trata de la necesaria reserva moral que debe tener un pueblo para todavía creer que se pueden cambiar las cosas. Y no es la única vez en nuestra historia que eso ocurre. No estaríamos aquí (por lo menos desde la conquista) sin las ganas de vivir y sobrevivir de miles de personas, que en medio de condiciones absolutamente injustas se las ingeniaron para mirar hacia delante tratando de sobrevivir ellos y sus familias. No es lo ideal, es cierto, pero la otra opción es desaparecer. Me parece que una función social de gran importancia que el historiador tiene es no dejar que ambas caras de la moneda se pierdan. Aunque no nos guste del todo, así como es la vida misma, el dolor y la muerte han estado presentes, pero junto con ellos la esperanza y la alegría. De nosotros, historiadores, depende que en ambas los peruanos del futuro tengan la oportunidad de reconocerse dignamente.

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[1] La ciudad sumergida. Aristocracia y Plebe en Lima colonial, 1760-1830. Lima: Horizonte, 1991.
[2] “Los caballos de los conquistadores otra vez (El otro sendero)”, pp.197-215, en Tiempo de plagas. Lima: El Caballo Rojo, 1988.
[3] Tubino, Fidel “La recuperación de las memorias colectivas en la construcción de las identidades”, pp. 77-105, en Hamann, Marita, Santiago López Maguiña, Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich (eds.). Batallas por la memoria. Antagonismos de la promesa peruana. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003.

8.5.07

La función social del historiador a partir del Informe de la CVR (I Parte)

Por: Jesús A. Cosamalón Aguilar (IRA-PUCP)




No hay duda de que el Informe de la CVR representa un hito importante para las ciencias sociales en el Perú contemporáneo. Es probable que muchos de nosotros —ese fue mi caso— al terminar de leer los aspectos esenciales del Informe se hayan preguntado ¿dónde estaba yo? o ¿acaso pude hacer más de lo que hice? (que no siempre fue mucho). Aunque ya no podemos cambiar un ápice de lo que hicimos o dejamos de hacer en ese período trágico de nuestra historia, lo importante del Informe para un habitante del Perú de esos años —y en edad de pensar por sí mismo en esa época— es que el texto obliga a adoptar una posición concreta frente a lo que fue el Perú de esos años y lo que queremos que sea en los años venideros. Además de ser un texto de gran valor académico (sin mencionar el papel jurídico o de reparación civil), es evidente que el Informe exige una definición no solo acerca de los resultados mismos de la violencia, sino especialmente en cuanto a qué país queremos construir conociendo las dificultades del que hemos construido. Esto, que es válido para todos los peruanos, es una exigencia ética para la labor de los intelectuales y, especialmente, a los en teoría expertos en la memoria social: los historiadores.

Por otro lado no es una práctica frecuente que los historiadores reflexionemos acerca de la función que cumplimos en nuestra sociedad como responsables —aunque no los únicos— de la memoria de ella. Es evidente que el Informe obliga a un replanteamiento de la labor que debe cumplir un historiador y la responsabilidad social inherente a ella. No solo por la gravedad de los hechos puestos a la luz pública, sino porque el Informe comienza por cuestionar, como ya lo mencioné, la ubicación que cada uno tenía y tiene frente al problema, exigiendo, al mismo tiempo, la construcción de una nueva historia de cara al futuro.


I. La labor del historiador después del Informe

En el caso de la historia varios de los presupuestos básicos sobre los que hemos funcionado deben ser revaluados a la luz del Informe de la CVR. Algunas de las revisiones historiográficas más influyentes de los últimos años acerca de la historia en el Perú señalaron con acierto rasgos particulares del discurso histórico en el Perú. Así, Magdalena Chocano en 1987 señaló la existencia de lo que ella denominó la “ucronía” entre los historiadores destacados del siglo XX, entre ellos por ejemplo Jorge Basadre y Heraclio Bonilla. Este planteamiento indica que a pesar de las diferencias ideológicas, metodológicas y teóricas, un aspecto común entre estos intelectuales es la construcción de un discurso histórico acerca de los que no fuimos, no construimos o no somos. Por ello tanto Basadre como Bonilla insisten en comprender el Perú a partir de oportunidades perdidas o carencias de alguna clase social que, de haberse aprovechado o existido, hubieran cambiado nuestro destino histórico. Por otro lado Alberto Flores Galindo en 1988 continuó el debate agregando, a partir de las investigaciones de Gonzalo Portocarrero, la existencia de una “idea crítica” en la enseñanza de la historia escolar peruana, la cual remarcaba la responsabilidad de la dominación española en la situación actual del Perú, al mismo tiempo que mostraba una etapa republicana desesperanzadora, sucesión de fracasos e ineptitudes de sus elites y gobernantes que se cerraban dramáticamente con la Guerra del Pacífico.

Ambas posturas, no excluyentes entre sí, señalan lo que podríamos llamar el marco crítico en el cual los historiadores a principios del siglo XXI nos movemos. Parte de nuestra labor, la que nos ha permitido ganarnos un lugar entre las disciplinas académicas, consiste en elaborar un conocimiento acerca de nuestro pasado en términos de un lenguaje científico capaz de entrar en diálogo con el producido en otras áreas de las ciencias sociales, tanto a nivel local como a nivel internacional. Sin desconocer este aspecto, los historiadores intentamos elaborar un discurso histórico que intenta rescatar y articular las diversas experiencias históricas que han formado nuestro presente. En ese sentido, como se ha señalado en muchos sitios y en aulas universitarias especialmente, citando una conocida frase de Benedetto Croce, “toda historia es historia contemporánea”.

Sin duda, como muchos se han encargado de señalar, ningún historiador es capaz de despojarse de su carga contemporánea de problemas o prejuicios, y su investigación, como todo producto humano, tiene tanto el sello personal como social de su época. Sin embargo, la época en la cual nos toca vivir y los hechos que han conformado nuestro presente hacen necesario un replanteamiento del sentido y exigencia que esta afirmación trae a los historiadores en particular. La pregunta que emerge de aquí es: ¿cómo elaborar un discurso historiográfico que intente reflejar lo que hemos sido y somos (aunque no siempre esto nos guste mucho), sin caer en la desesperanza, la ucronía o la evasión?

Aquí es donde evidentemente entra la función social del historiador peruano. Todos reconocen que el discurso histórico no es solo una narrativa neutra acerca del pasado, donde la objetividad reside en mostrar lo que ocurrió realmente. Toda elaboración historiográfica comienza por reconocer algo que merece la pena ser historizado e incorporado a la memoria histórica de los peruanos. Ya en esta elección hay un sesgo personal que depende de factores no necesariamente objetivos y que señalan las preferencias que el investigador tiene. La responsabilidad social que nos atañe en este caso proviene de los imperativos éticos que el Informe de la CVR plantea. En el “Prefacio”[1]
de la Versión abreviada del Informe de la CVR, su ex presidente, Salomón Lerner, señala con acierto que “en un país como el nuestro, combatir contra el olvido es una forma poderosa de hacer justicia”.[2]

A nosotros, historiadores por formación y especialmente por vocación, en teoría especialistas en la memoria, nos toca, por lo tanto, una tarea que trasciende los límites del mundo académico. Elaborar conocimiento histórico no resulta únicamente una labor destinada al mundo de los intelectuales, sino una actividad que, para el caso peruano, responde a una necesidad urgente de la propia sociedad. Especialmente porque, como hemos señalado, la construcción de una memoria colectiva, en la cual la historia tiene un rol importante, pero no exclusivo, es un imperativo ético.

La propia CVR reconoce este rol pues, en las recomendaciones señaladas para una efectiva reconciliación entre los peruanos, se sostiene que esta consiste, primordialmente, en un “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos”.[3]
Dentro de este proceso la dimensión política es trascendental, dado que se trata de “una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos”. Asimismo, se señala que esta acción debe ser:

en primer lugar, multiétnica, pluricultural, multilingüe y multiconfesional, de manera que responda a una justa valoración de la diversidad étnica, lingüística, cultural y religiosa del Perú. En segundo lugar, debe conducir a una integración de la población rural por parte del Estado. En tercer lugar, debe dar un lugar a la memoria histórica entendida como una reconstrucción colectiva de personas que se reconocen y se saben corresponsales. En cuarto lugar, debe estar abocada a la revaloración de las mujeres mediante el reconocimiento de sus derechos y de su participación plena y equitativa en la vida ciudadana. Y en quinto lugar, debe dirigirse a la construcción de una ciudadanía, a la difusión de una cultura democrática y a una educación en valores.[4]

Pienso que esta declaración de las características que debe tener la necesaria reconciliación entre los peruanos le da sentido a la tarea de “combatir contra el olvido”. La tarea de los historiadores, en cuanto a la dimensión ética de su labor, no resulta disminuida por la presencia de estos objetivos; por el contrario, encuentra en ellos su razón de ser, puesto que como intelectuales dedicados a la memoria contribuimos a la construcción de las identidades colectivas. No solo porque parte del conocimiento que elaboramos pueda terminar transmitiendo valores o algunos rasgos culturales en particular, sino por el hecho, no menos importante, de que elaboramos un discurso histórico frente al cual los habitantes de nuestro país —al menos en teoría— deberían reconocerse. Por lo tanto los historiadores tenemos la obligación social de comenzar a elaborar un discurso historiográfico en el cual tengan cabida las “múltiples historias” que han conformado el presente.

Cualquier práctica política debe comenzar por reconocer que en este país, como sabemos, se encuentran diversos problemas urgentes, pero para intentar resolverlos necesitamos construir una nación compuesta de personas reconocidas en su integridad como seres humanos y no solo de individuos que alimentan una estadística. Una de las personas entrevistadas por la CVR, Rebeca Ricardo, lo señalaba de la siguiente manera: “Ya no quiero que nos ayuden como asháninkas, sino como personas”. Los historiadores estudiamos a los seres humanos en el tiempo y, en general, como señalan los manuales y la práctica concreta de los historiadores, nada de lo humano debería estar ajeno a nuestro interés. Sin embargo, no siempre somos explícitamente conscientes de la importancia de esta afirmación.

En el Informe de la CVR se señala reiteradamente, con toda razón, que el dolor y sufrimiento de muchas de las víctimas (por parte de Sendero y de organismos estatales) no caló en la mayoría de la sociedad peruana porque su propia dignidad como seres humanos y ciudadanos no se encontraba asumida por la Nación en general. Es decir, nuestra imagen de país no estaba compuesta de seres humanos comparables o asimilables a nosotros mismos, sino por entes abstractos y desconocidos cuyos rostros se nos desdibujaban. Por ello mismo la CVR, reconociendo un imperativo moral y ético urgente respecto a este punto, decidió “escuchar y procesar las voces de todos los participantes”. En este caso en concreto, en cuanto a la comprensión de la violencia política, resulta no combatir contra el olvido intentar una reconstrucción de los hechos sin incluir el testimonio de las miles de víctimas y, más importante aún, sin el debido respeto a su verdad; dentro de la cual lo afectivo, como señala el Informe de la CVR, más que negarle objetividad permite comprender de manera más profunda lo ocurrido.

¿Qué implicancias tiene esto para el quehacer de un historiador en general? Pienso que en primer lugar, recordarnos —si bien no se ha olvidado completamente— que lo más importante en la labor de un historiador es recuperar la participación histórica de los seres humanos en la construcción de su realidad. Sean pobres, ricos, soldados o generales, todos han participado desde su propio lugar en la historia y lo que nos toca hacer, como científicos sociales, es interpretar el rol de cada uno de ellos. Es decir, devolverles el rostro a cada uno de los participantes de la historia.
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[1] Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004.
[2]
En el capítulo inicial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, t. I, p.2, se señala que “la Comisión interpreta la voluntad del pueblo peruano de conocer su pasado como una consecuencia del principio fundamental de afirmar la dignidad de la vida humana y, por lo tanto, entiende la tarea que le ha sido asignada como un elemental acto de justicia y un paso necesario en el camino hacia una sociedad reconciliada.”
[3]
Hatun Willakuy, p.411.
[4] Ibid.