Por: Héctor Huerto VizcarraDonde el desinformado lector conocerá la aventura y desventura de una consulta.-
Dentro de la guerra mediática desatada en torno al tema de la consulta vecinal, destacaron las opiniones de algunos políticos y/o periodistas, por reflejar con sus ideas nociones poco democráticas y participacionistas, por no decir autoritarias. Varios de esos comentarios se asemejaron a la postura del MINEM que negó a las comunidades campesinas el derecho que les corresponde, como propietarios de las tierras superficiales, a decidir sobre su uso. Aldo Mariátegui se lanzó a la carga rápidamente: “No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales (…). Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes que se desmadre.” (Correo, 12 de setiembre).
No solo el Gobierno trató de desacreditar dicha consulta o enfatizar que la misma no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al gobierno a tomar en cuenta la opinión de la población. También lo hicieron a su manera diversos comentaristas. En estas posiciones se encuentra Fernando Rospigliosi quien señaló que la consulta no tenía nada de democrática porque fue convocada cuando lo quisieron y donde más les convenía, porque se plantearon las interrogantes que les pareció más conveniente, porque no ha habido una difusión de las desventajas y ventajas del proyecto minero y porque los organizadores controlaban las mesas de votación, los sufragantes y el proceso del conteo de votos (Perú 21, 9 de setiembre). Todo ello merece una respuesta.
Tal como estaba planteada la coyuntura, a punto de iniciarse la etapa de explotación de la mina, no existía otro momento para que la población decida anteladamente si quiere que la mina opere en sus tierras o no. Además, los distritos participantes en esta consulta no han sido elegidos al azar. Su elección responde a su cercanía con la zona de Henry’s Hill. También, si se planteó en la consulta que las personas respondieran si estaban de acuerdo con que se realizara actividad minera en su distrito, se debió porque esa es la principal preocupación de la población y porque se trata de una consulta organizada por las organizaciones de base de dichos distritos. No se puede esperar nada diferente. Lo lógico es que una consulta popular responda a los cuestionamientos de la población y no de la Minera o el gobierno. Igualmente, si no se pudo difundir adecuadamente las ventajas y desventajas del proyecto minero, la culpa no solo la tienen las posiciones sectarias de “ecologistas extremos”, sino también las posturas autoritarias de la propia Minera y el gobierno, que en todo momento prefirieron desautorizar la consulta y no informar a los pobladores. Por último, resulta escandaloso que se acuse de fraude a un proceso eleccionario sin prueba alguna, sobre todo cuando se demostró después de la consulta, que se llevó a cabo sin mediar inconvenientes.
Sin embargo, esta guerra mediática no solo quedó en palabras. Pocos días antes de la consulta, el Jurado Nacional de Elecciones se le opuso radicalmente. Su procurador Ronald Angulo solicitó a la Fiscalía Provincial de Ayabaca que se incaute todo el material electoral destinado a la consulta, lo cual fue declarado improcedente (Perú 21, 14 de setiembre).
No obstante, la consulta siguió adelante y sus resultados ratificaron lo que ya era previsible. La oposición de la población frente a la Minera fue casi total. El NO alcanzó en Ayabaca el 93.48%, en Pacaipampa el 98.13%, y en El Carmen de la Frontera el 92.53%. En total asistieron 17 599 pobladores, que representan el 57% de la población votante de los 3 distritos.
Asimismo, se puede afirmar que la asistencia de la población a la consulta fue mayoritaria, más aún si se toma en cuenta el grado de descomposición de nuestro sistema político, el cual se evidenció en las elecciones municipales y regionales pasadas. Lo evidente es que en Ayabaca participó el 49.37% de la población, en Pacaipampa el 69.27% y en El Carmen de la Frontera el 63.48%.
De esta forma, en Piura se presentaron síntomas de la descomposición de nuestro sistema político, como son la alta dispersión del voto, la fuerte presencia de organizaciones políticas locales y regionales y el sorprendente éxito de las mismas. Entonces, se entiende porque en las elecciones regionales en Piura de las 7 listas postulantes, 3 pertenecían a organizaciones políticas regionales, de las cuales el Movimiento Regional Obras más Obras destacó por su segundo lugar con un 18%. Revisando cada resultado electoral, ya sea a nivel regional, provincial o distrital se puede aseverar que la presencia de organizaciones políticas locales en esas elecciones es mayoritaria en la región.
Además, no solo tuvo presencia sino también resultados. A nivel provincial, 5 de las 8 alcaldías fueron ganadas por organizaciones políticas de corte local o regional. En el caso específico de las provincias de Ayabaca y Huancabamba este fenómeno se repitió a nivel distrital. En 6 de los 9 distritos de Ayabaca vencieron organizaciones políticas locales, donde la organización Alternativa Campesina tiene un predominio con 5 alcaldías. A nivel provincial esta lista también fue la vencedora. En Huancabamba las organizaciones políticas locales vencieron en 5 distritos de los 7 que tiene la provincia.
La dispersión del voto es notoria, no solo por la cantidad de listas que se presentaron para esas elecciones, sino también por el bajo porcentaje de votos que recibieron las listas ganadoras. En la votación regional el APRA venció con tan solo el 21%, mientras que a nivel provincial el promedio del porcentaje de las listas ganadoras es de 28.4%, en donde en la provincia de Huancabamba el Frente Amplio Campesino Urbano obtuvo solo el 16%. Esa misma constante se mantiene a nivel distrital. Estos bajos porcentajes reflejan la amplia división política existente entre la población, la endeble legitimidad que obtienen con estas elecciones las nuevas autoridades (lo que condiciona su futuro comportamiento) y la desconfianza de la población hacia los proyectos políticos nacionales.
Hay que tomar en cuenta también que estos 3 distritos se encuentran en las dos provincias más pobres de Piura y entre las más pobres del Perú. No es de extrañar entonces el por qué en dichos distritos, a diferencia del resto de provincias de la región, el apoyo a la candidatura regional del Partido Nacionalista (PN), que de alguna manera representaba en esas elecciones el voto crítico al sistema político y económico, haya tenido tanta acogida. En Ayabaca el PN tuvo la más alta votación con más de cinco mil votos, lo que equivale al 36%. En Pacaipampa también obtuvo la más alta votación con el 23% de los votos. En El Carmen de la Frontera su votación quedó en segundo lugar con el 15.8%, tras la votación de una candidatura regional, con el significativo nombre de AGRO Sí, que obtuvo el 20.4%.
A pesar de los intentos de desestimar estos resultados por parte del Presidente del Consejo de Ministros, las declaraciones de un alto funcionario de la Minera Majaz al PSG, cuando aún estaba controlada por Monterrico Metals, grafica objetivamente la situación: Si un 50% de la población está en contra de la mina, no sería posible seguir adelante (PSG 2007). Con la consulta se ha demostrado que esa oposición supera ese 50%.
De cómo es posible repetir una historia.-
No se trata de restarle oportunidades a la inversión minera en el país, de lo que se trata es de debatir las formas como ésta debe desarrollarse en el Perú para que no termine socavando las bases de nuestra democracia. Se tiene que ratificar la importancia de la relación entre cualquier compañía minera con la población local circundante. Humberto Campodónico lo ha dejado muy en claro: en la actual legislación internacional sobre la minería, la participación y la consulta de las poblaciones de las zonas mineras, es decir, la llamada licencia social, resulta indispensable para la estabilidad de largo plazo de las inversiones (La República, 9 de setiembre).
En este caso específico, la Minera Majaz es el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciar los vicios del proceso en su segundo informe, fechado en noviembre del 2006. Sostiene que dicho caso muestra las deficiencias crónicas en relación al gobierno y la regulación de la exploración minera en el país. Estas deficiencias socavan los derechos humanos y ciudadanos garantizados constitucionalmente, especialmente de los pobres de áreas rurales, cuyos derechos son ya vulnerables. Además, afirma que la implementación del Proyecto Río Blanco ha violado los derechos de propiedad de los comuneros y sus derechos a tener una participación informada en las decisiones vinculadas al desarrollo. Todo ello con conocimiento del Ministerio de Energía y Minas.
El PSG suscribe todo lo aseverado por la Defensoría del Pueblo y afirma que éste resulta ser un caso emblemático porque pone en relieve la debilidad de los derechos de las comunidades afectadas por las minas. También señala que el caso muestra dramáticamente como la protesta no violenta y el proceso democrático han decepcionado a las poblaciones locales. Por ende, existe el peligro real de que se pueda agudizar la violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca.
Aunque el PSG afirma que el Proyecto Minero, tal cual está concebido, no implica mayores daños para el medio ambiente ya que les parece manejable, indican que la presencia de la Minera no ha aumentado las oportunidades económicas de la población. Mas bien, se ha incrementado el nivel de inseguridad humana, no solo en las relaciones entre la empresa y la población sino también al interior de los habitantes y de sus familias. Además, afirman que ha disminuido el nivel del empoderamiento de las personas; es decir, su capacidad de sentir que se tiene poder para opinar sin sufrir algún tipo de represión o discriminación.
Frente a todo ello, es notoria la actitud del Estado a favor de la Minera Majaz, a quien se le respetan todos sus derechos y libertades, incluso de manera ampliada. Al contrario, las comunidades campesinas y la población en general sufre de un recorte de sus propios derechos y libertades. Esta situación no hace más que asemejarse a lo ocurrido en el Perú hace muchos años atrás, cuando muchas comunidades de la sierra central vieron sus tierras afectadas por las compañías mineras y sus derechos ciudadanos prácticamente anulados.
Como lo han afirmado algunos comentaristas, la solución no pasa por oponerse a todo tipo de actividad minera, sino en la forma como ésta debe llevarse a cabo, sobre todo en la relación que el Estado debe establecer entre dichas compañías mineras y la población circundante. El Estado debe dejar en claro, en adelante, si es el representante de todos los peruanos o solo de algunas compañías comerciales. De eso dependerá que la historia no vuelva a repetirse, y que la guerra silenciosa continúe o no librando sus incruentas batallas.
Nota: El artículo en su totalidad se lo pueden descargar en el link a continuación:
Redoble por Majaz
