Los archivos nacionales y la guerra de 1879

Por: Pedro Guibovich Pérez

En estos días, el saqueo de nuestra Biblioteca Nacional ocurrido durante la ocupación chilena de Lima en 1881 ha vuelto a ser noticia debido a la devolución de 3788 ejemplares a su legítimo propietario. Fueron muchos los libros transportados a Chile, y muchos los que aún permanecen allí, pero también fueron numerosos los documentos administrativos y de carácter histórico que emigraron al sur. Nadie se ha pronunciado al respecto. Es importante tomar conciencia de ello y por ello escribo esta breve nota.

En la tarde del 17 de enero de 1881, el ejército chileno entró a la ciudad Lima. De acuerdo con los testimonios de contemporáneos, reinaba un profundo silencio. Tal atmósfera de recogimiento se explica por el dolor que embargaba a la población luego de las derrotas militares que habían precedido a la toma de la capital, como también por el temor que infundía la tropa sureña dada su bien ganada reputación de violencia y crueldad.

Una vez dueños de la ciudad, el alto mando militar chileno empezó a organizar la ocupación. Con esa finalidad confiscó los principales establecimientos administrativos y educativos, a fin de destinarlos al alojamiento de los empleados -jueces y burócratas- como también de los soldados chilenos. Entre los edificios tomados estuvo, como era previsible, el palacio de gobierno. Uno de sus residentes, el secretario general del ejército, Eulogio Altamirano en una carta al presidente Aníbal Pinto, suscrita el 20 de enero de 1881, anotó: “le prevengo que le escribo en el escritorio de Piérola y que duermo en su propio catre”. A lo que añadió, “supongo que ustedes saben que nosotros despachamos en todos los ministerios y que todos los archivos están en nuestro poder. Podríamos mandarlos íntegros si ustedes lo desearan”. El ofrecimiento de Altamirano no tardó en hacerse realidad.

El 24 de febrero, según cuenta Palma en una carta a Piérola, se dio inicio al saqueo de las oficinas y establecimientos públicos. “Los muebles de las oficina de palacio desaparecen y los archivos de Relaciones Exteriores y Hacienda se encajonan para ser trasladados a Chile” anotó Palma. Al saqueo de los archivos administrativos se sumó el del Archivo Nacional y el de la Universidad de San Marcos.

El Archivo Nacional, de acuerdo con Alberto Ulloa, “fue entregado al pillaje”. Según el mismo, la pérdida de los documentos se debió al “interés de algunos que algunos caballeron chilenos, con notorias aficiones históricas, pusieron en revisar personalmente el Archivo para buscar datos y documentos de que habían menester”. Y prosigue “muchos de los cuales encontraron y se apropiaron, efectivamente, lo que es fácil comprobar [...] comparando los truncados catálogos que hoy se conservan, con los documentos publicados en Santiago y en otros lugares pocos años más tarde”. El testimonio de Ulloa es confirmado por otras fuentes. En 1883, Manuel Bravo, un antiguo empleado del Archivo Nacional dirigió al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, un detallado informe acerca de la desaparición del mobiliario así como de abundante documentación, alrededor de trescientos legajos, de las secciones de Audiencia de Lima e Inquisición. Dos años después, en 1885, Ricardo Palma logró del gobierno de Chile la devolución de diez cajones de documentos sobre el Santo Oficio peruano. El resto quedó en Santiago de Chile y hoy en día se puede consultar en el Archivo Nacional, como yo mismo lo he comprobado en un par de estancias de investigación en dicho repositorio.

Otros archivos tuvieron un destino incierto. Tal fue el caso del de la Universidad de San Marcos. Hasta 1881 el archivo de la Universidad se había conservado bastante completo. En sus estantes se alineaban los libros de matrícula, de claustro, de grados, de cédulas y provisiones, y numerosos expedientes administrativos desde su fundación a mediados del siglo XVI. La mayor parte desapareció en parte consecuencia del saqueo y del vandalismo de la tropa que ocupó el local para convertilo en caballeriza. En diciembre de 1883, Guillermo Seoane, secretario de la Universidad, escribió que muebles y aparatos se sacaban en carretas, como también libros y legajos. Algunos de estos últimos, decía, fueron vendidos al peso por los soldados en las pulperías de la ciudad.

Pero no todos los repositorios documentales fueron expoliados. Ricardo Aranda escondió el archivo de la Cámara de Diputados y César Canevaro hizo lo propio con el archivo de la municipalidad. Una vez concluida la ocupación de la ciudad, ambos archivos volvieron a sus instituciones de origen.

Hoy en día la recuperación del patrimonio bibliográfico perdido durante la guerra de 1879 ha vuelto a ser noticia. Los manuscritos siguen en Chile. Ellos son tan importantes como los libros, porque los documentos históricos --parafraseando a Alberto Flores Galindo-- encierran más de una clave para entender el pasado y el presente históricos del Perú.