27.9.07

Registros del Recuerdo, Recuerdos del Olvido: ¿Qué pasó con El Ojo que Llora?*


* Por Edgar Villegas Vásquez

El año de 1932 Augusto B. Leguía y Salcedo muere en la cárcel del panóptico, la llamada Carcel de Lima; muchos fueron los delitos que se le imputaron, entre ellos la corrupción en un clima de bonanza basado en empréstitos, la construcción de una constitución a su medida y el calzarse un congreso del modo que le permitiera señalar los rasgos autoritarios que se formarían en el “Oncenio” (1919 - 1930), un gobierno inicialmente de corte populista y que paradójicamente buscaba integrar a las grandes mayorías al Estado, separándose del modelo de Estado restringido de la República Aristocrática. Las similitudes del régimen de Leguía con el de Alberto Fujimori Fujimori en los noventa son de lo más saltantes: contextos de crisis sociopolítica y económica, deterioro del tejido social, irrupciones de nuevos actores en la política, una bonanza posterior que se tradujo en obras, más no en institucionalidad, en fin, y muchas cosas más, salvo en un pequeño detalle querido lector: diferentes disidencias políticas.

Por que el parámetro anterior es el que separa a ambos gobiernos, si quisiéramos llamarlos sincrónicos en la historia, y nos enfrentamos actualmente después de la llegada de Fujimori extraditado en los últimos días ante las dinámicas complejas de ver la memoria colectiva en el país, dialogarla, escarbarla, y por último, simbolizarla en el espacio urbano, así como por último, repensarla frente al atentado contra “El Ojo que Llora”.

Los más de diez años de conflicto armado interno que tuvo que vivir el Perú señalan la serie de secuelas, que no se hallan sólo representadas en la crisis del modelo de Estado sobredimensionado de los ochenta, sino que nos trasladan a espacios de entender la marginalidad y las formas de parcialización de la ciudadanía, nos remiten a temáticas que aún se hallan pendientes por solucionar, empezando por la difícil tarea de reconocernos entre nosotros mismos. La destrucción que ha sufrido el monumento enfrenta la memoria de reconocer las violencias horizontales y verticales entre diversos tipos de actores sociales dentro de un conflicto de más de diez años que nos ha costado más muertos que todas las guerras y conflictos armados que vivió el país en la república, violencias que aún persisten de alguna forma ligadas a la negación de las dimensiones del conflicto armado en la mentalidad de sectores la sociedad peruana.

Dialogamos con nuestra historia también ante el espacio urbano, la llenamos de símbolos, metáforas y héroes convertidos en estatuas, imágenes pictóricas o nominales, que a través del caminar por un parque o una calle nos recuerden el pasado; sin embargo, es necesario también reconocer que aún persisten formas excluyentes de asociarse con la memoria en el Perú, al punto que muchas veces se niega el reconocimiento o la visibilidad a partes del tejido social, o si se las muestra se persiste en mostrarlas en formas subalternas o estereotipadas.

Casos como la memoria de una guerra como esta, interna, a veces de baja intensidad y con trazos de lo que fueron las guerras de descolonización en los post cincuenta, pegó con fuerza en el contexto del deterioro previo en que vivía el Estado de finales de los setenta. La pregunta en el post conflicto es ¿cual es el rol de los historiadores?, en este caso concuerdo con la opinión de Cosamalón
[1] sobre el rol del historiador después del Informe de la CVR debido a que son los historiadores son los obligados a reflejar a la sociedad, y al mismo tiempo traer a la memoria social a grupos mal llamados invisibilizados, como lo fueron el quechuablante. En muchos casos la historia ha girado hacia el registro del archivo y el documento, hacia lo urbano antes que hacia lo rural, o hacia mecanismos de fuga en lugar de tratar dinámicas de conflicto que nos permitan reconocernos sin pisar la traba de la historia ucrónica, la de las catástrofes, las crisis y las derrotas, en las que muchas veces un sector culpa al otro del fracaso.

Sabemos por las conclusiones del informe que la población más impactada por la violencia política fue la rural, mayormente quechuahablante, así como que las estrategias para tratar de llevar el conflicto por el Estado tuvieron diferentes lógicas y resultados en sus diversas fases entre ochentas y noventas, a veces positivos, a veces negativos, pero ahora ¿como se representan las víctimas del conflicto? ¿Las representamos bajo el viejo melodrama “malos – buenos”? en los que se representan muchas de las narrativas sociales en el Perú desde la ficción en las telenovelas, hasta las de la realidad en la política en donde en esta última el caudillo siempre construye un discurso de salvación opuesto a unos otros, muchas veces representados en partidos políticos o en actores en contextos de crisis como las que por ejemplo se vivieron en los ochenta y noventas con el conflicto interno, todo esto nos impide ver las dinámicas de fondo del problema.[2]

No fue fácil construir una memoria conjunta de esta guerra, no lo fue tampoco entender que quienes fueron parte de este conflicto armado ya estuvieran del lado de las fuerzas del Estado, de las poblaciones impactadas o de quienes tomaron la opción de la disidencia algunas veces discurrieron entre nosotros mismos. Lo importante a pesar de los silencios[3] y vacíos - pues sí los adolece- es que el Informe Final de la CVR nos remite a ciertas fallas que se han arrastrado en la República y que impactan en la actualidad, entre otras cosas ante el futuro reconocimiento de ciudadanías en el país o al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En fin, el daño esta hecho. Si desea unirse al memorial que se manifiesta en contra a este acto, ingrese a la siguiente dirección:


http://www.paraquenoserepita.org.pe/joomla/index.php


[1] Revisar para esto el articulo en dos partes de Jesús Cosamalón llamado : La labor del historiador después de informe de la CVR en los archivos de este blog.
[2] Esta visión que se transluce en la política a través de dilemas que se relacionan a la ficción melodramática se la escuche a Rosa María Alfaro Moreno, me pareció muy relacionada a la forma en que los caudillos instituyen sus discursos frente a quienes los eligen, sobre todo en coyunturas de crisis.
[3] Para este caso, revisar : Igue Tamaki, José Luis: Los silencios del gran relato. En: Histórica Vol 29 No 1 (2005).

20.9.07

Redoble por Majaz I Parte: Acerca de las aventuras y desventuras de la minería, los medios de comunicación y la democracia en el Perú

“La humanidad se arrodillaba, suplicaba gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa.” (Manuel Scorza: Redoble por Rancas)

Por: Héctor Huerto Vizcarra

A veces, la literatura se acerca a la historia de tal forma que llega a simbolizarla y a retratar una época. Tal es el caso de Redoble por Rancas, que narra la continua, desigual e injusta lucha de la comunidad campesina de Rancas contra una gran compañía minera: La Cerro de Pasco Corporation (USA).

Sin embargo, de haberse escrito este año, podría haber retratado perfectamente lo que sucede en estos momentos en Piura. Si bien es cierto en este caso se trata de dos comunidades campesinas afectadas: Yanta y, Segunda y Cajas; y de una compañía minera de capitales chinos. ¡Paradojas del capitalismo!

Sobre las circunstancias en que surge esta historia.-

En los últimos quince años, con la liberalización de nuestra economía, la desestabilización de muchos sindicatos, y la eliminación de varios beneficios laborales (como la estabilidad laboral), el Perú ha logrado un notable crecimiento de la producción y de la exportación de minerales. De esta forma, en los 90’s el área afectada por concesiones mineras aumentó de 4 millones a 16 millones de hectáreas. Así, a fines de la década pasada, aproximadamente el 55% de las 6 mil comunidades campesinas del país estaban ubicadas en zonas influidas por la minería (Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura: PSG 2007)

Si bien es cierto estas no son las únicas causas, resultan sumamente importantes para los inversionistas extranjeros del sector minero, al momento de decidir en que región del mundo van a invertir. Por eso no resulta extraño que dichos inversionistas coloquen al Perú en el puesto 43 cuando se mide nuestro actual potencial minero en relación con nuestras actuales regulaciones y restricciones del uso tierras. Asimismo, cuando se hace la medición de nuestro potencial minero en relación a hipotéticas regulaciones, mucho más flexibles, en donde no existen restricciones de ningún tipo en cuanto al uso de la tierra, el Perú ocupa el primer puesto. (Encuesta Anual de Compañías Mineras: Instituto Frasier 2005-06)

Lo anterior también tiene mucho que ver con el retorno del sistema democrático en nuestro país, que ha permitido, en estos últimos años, que se fortalezcan nuestras leyes laborales, que se controle mejor a nuestra economía y se recompongan nuestros frágiles sindicatos. Esto es notorio en el estudio anterior cuando se analizan los puestos que ha venido ocupando el Perú en el primer cuadro descrito. De ocupar el puesto 6 en el 2002-03, pasamos al puesto 9 en el 2003-04, de ahí al puesto 19 en el 2004-05, para estar finalmente en el puesto 43, ya mencionado anteriormente. (Frasier 2005-06) Igualmente, es posible que el restablecimiento de las libertades democráticas haya permitido que aumenten los conflictos sociales entorno al tema minero, en la media en que la población se ha sentido más segura al reclamar. Así, la Defensoría del Pueblo registró 33 problemas distintos relacionados al tema de la minería en el 2005 (PSG 2007).

En el caso específico de Piura, se puede decir que dicha región no tiene una trayectoria histórica minera, como si la tienen otras regiones en el país. Sus antecedentes mineros se remontan a un anterior conflicto social, el caso de Tambogrande, que es casi reciente. Mas bien, su producción se orienta a la pesca, a los hidrocarburos y a la agricultura. En el último caso, según el Perú Support Group (PSG), entre 1970 y 1994 el sector agrícola piurano creció a 1. 18% anual, mientras que el PBI departamental creció a 1.51%, lo que evidencia que la agricultura, como actividad económica, no es lo suficientemente importante como para elevar el nivel de vida de la población. Esto también significa que, a pesar de que genera mucho empleo, tiene una baja productividad y una producción orientada básicamente al mercado interno. (PSG 2007)

Sin embargo, su actual producción agrícola no es nada desdeñable, menos aún su potencialidad. La producción de limones en Piura está entre los primeros 15 países del mundo, así también, su producción de mangos. Igualmente, así como el Perú utiliza solo el 33% de las tierras agrícolas que posee, Piura solo utiliza 115 mil hectáreas de las 180 mil que puede cultivar. Incluso, según una investigación, se podría irrigar 150 mil hectáreas más (Piura, actividad económica, desarrollo y ambiente: Correa 2006). Evidentemente, para que esto sea una realidad, es necesario de parte del gobierno central un apoyo al sector agrícola.

Sobre los acontecimientos que parieron el conflicto.-

Todo comenzó remotamente, allá por el comienzo de la década de 1990, cuando el yacimiento de cobre en la zona de río Blanco fue hallado. De ahí pasaron algunos años hasta que los derechos de exploración fueron adquiridos por Monterrico Metals, de financiación británica, en el 2003. A partir de ese momento, empezó realmente esta historia.

Dicho yacimiento se encuentra básicamente en un lugar denominado como Henry’s Hill, que abarca las tierras de dos comunidades campesinas: Segunda y Cajas, y Yanta; afectando en total 1 000 hectáreas, de las cuales la mayoría pertenecen a Yanta. El PSG señala que dichas tierras no están particularmente pobladas ni intensamente cultivadas, y se utilizan más bien, como tierras de pastoreo o de “reserva”. Asimismo, vale la pena mencionar que, ambas comunidades campesinas son particular y excepcionalmente extensas y pobladas. Segunda y Cajas comprende territorialmente todo un distrito (Carmen de la frontera) y más. A su vez, las tierras de Yanta están divididas entre dos provincias, Ayabaca y Huancabamba, aunque sus poblados están en la primera.

Aunque la exploración minera comenzó a mediados del 2002, recién en el 2003 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Evaluación Ambiental presentada por la Minera Majaz, controlada por Monterrico Metals, con lo que legalmente tenía la autorización para realizar exploraciones en la zona. Sin embargo, la legalidad de esa autorización fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo en un informe fechado el 9 de agosto del 2006.

En ese informe la Defensoría del Pueblo afirma que se tomó un plazo mayor a los 40 días estipulados por ley para conceder el permiso a la empresa. Además, encontró que los avisos publicados invitando a las comunidades a comentar la evaluación ambiental realizada por la minera, consignaron erróneamente el nombre del área donde se iba a hacer la exploración. También, halló que el MINEM no solicitó como requisito indispensable para obtener la aprobación de la evaluación ambiental, el permiso de los dueños de los terrenos. Finalmente, señaló que como los propietarios de esos terrenos son comunidades campesinas, se requiere que el permiso de exploración sea otorgado por dos tercios de los miembros de la comunidad, y que la Minera Majaz solo había obtenido el permiso de algunos líderes de dichas comunidades.

Como respuesta de todo ello, el MINEM no aceptó las responsabilidades del caso y negó cualquier error en su proceder, e incluso afirmó que el permiso de los dos tercios de los miembros de la comunidad no era necesario para aprobar solicitudes de exploración. Es decir, que no se necesita el permiso de los dueños de los terrenos si una minera cualquiera quiere explorarlos. Con esa lógica, los derechos de propiedad no tienen ningún valor para el Estado.

Por ello, este proceder de la Minera generó desconcierto entre la población, la cual no tardó en reaccionar. Las primeras acciones de ambas comunidades campesinas fue desconocer los permisos otorgados por algunos de sus líderes a la Minera, los cuales en su mayoría eran permisos para “pruebas sísmicas”. De esta manera, en la asamblea de la comunidad de Segunda y Cajas del 18 de mayo del 2003, se declaró nula la autorización para prospección sísmica, otorgada por su junta directiva comunal a la Minera Majaz. Prohibiéndose en sus terrenos todo tipo de actividad minera. Este acuerdo fue ratificado por una resolución comunal el 26 de enero del 2004. La comunidad de Yanta no se quedó atrás, y en su asamblea general del 10 de enero del 2004 declaró por unanimidad su oposición a la minería y la no existencia de permiso alguno que permita a la Minera operar en sus tierras. Sin embargo, a pesar de estas acciones en defensa de su derecho de propiedad, el MINEM hizo caso omiso de estas protestas.

Entonces, comenzaron las protestas. El 22 de abril del 2004 un gran contingente de ronderos y comuneros se dirigieron al asiento minero para protestar, pero fueron repelidos por la policía, lo que ocasionó la muerte de un campesino, Reemberto Herrera Racho, al impactarle una bomba lacrimógena en la cabeza. A raíz de estos sucesos se intentó llegar a un diálogo, pero tanto los dirigentes de las comunidades campesinas como de las distintas organizaciones sociales no confiaron en el resultado del mismo.

La tensión quedó latente en la zona. Por lo mismo se organizó para el 25 de julio del 2005 una segunda marcha hacia el asentamiento minero, que reunió alrededor de 3 mil ronderos de Yanta, con apoyo de ronderos y campesinos de Segunda y Cajas, San Ignacio y Namballe. Siendo estos dos últimos centros poblados de la región de Cajamarca. Nuevamente se produjeron enfrentamientos con la policía que ocasionaron otro muerto: el campesino Melanio García González.

Por último, la violencia tuvo un capítulo más, cuando se realizaba un taller organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, que reúne a varios alcaldes, además de los líderes de las comunidades campesinas, de las rondas y de los frentes locales de defensa. Los participantes del mismo fueron atacados por campesinos pro mina que habían llegado organizados y armados con piedras (PSG 2007).

Sobre supuestos conciliábulos de los medios de comunicación.-

Frente a todo lo anterior, los representantes de las comunidades campesinas y de las demás organizaciones sociales decidieron convocar una consulta popular en tres distritos: Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera. Esta consulta tuvo por objetivo el recoger la opinión de la población sobre si la mina debe seguir operando en esa zona. Esta consulta se realizó el domingo 16 de setiembre de este año.

Sin embargo, la postura del Gobierno (representada por el Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo y del MINEM) fue oponerse a tal medida, asumiendo en la práctica la defensa de la postura de la Minera Majaz, quien había cambiado de dueño. Para entonces Monterrico Metals había vendido sus acciones al consorcio Zijin (China).

De esta manera, se acusó a la postura anti minera de manipular la opinión de la población, usando para ello a los diferentes medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos (locales y nacionales). Incluso, se llegó a aseverar que los dirigentes de las comunidades campesinas habían ordenado castigar a latigazos a todos los que votaran a favor de la Minera Majaz. Esta aseveración fue refutada por los propios alcaldes quienes señalaron que: “Y con esa denuncia lo único que hace el Premier es ponerse a favor de las mineras y en contra de su pueblo que somos nosotros” (La República, 12 de setiembre).

Aquella guerra mediática desatada por la cercanía de una consulta popular, muy parecida a la que se dio años antes en Tambogrande, no hizo más que intensificarse con el paso del tiempo. Sobre todo al fracasar el intento de diálogo de una delegación del gobierno encabezada por el propio Presidente del Consejo de Ministros, quien al parecer buscaba frustrar la consulta y llegar a algún tipo de acuerdo. En vista de ello, las autoridades locales y los alcaldes de los distritos no se presentaron a dicha cita, afirmando que se reunirían con el gobierno después de conocerse los resultados de la consulta vecinal.

Inmediatamente después, el gobierno intentó un último amague para frustrar, o en último caso, empañar los resultados de esa consulta. Por ello, Jorge del Castillo acusó el 12 de setiembre a la radioemisora piurana Cultivalú de atentar contra la libertad de expresión, al censurar un spot publicitario que el MINEM quería propagar. La importancia de dicha emisora radica en que, es una de las dos radios que hacen llegar su señal a los distritos de la consulta en Piura. De lograr confirmar esta acusación el Gobierno podría asegurar que, no existían las garantías necesarias para que se lleve a cabo la consulta de forma transparente, libre de presiones y manipulaciones. Invalidando así cualquier resultado negativo contra la Minera Majaz.

Sin embargo, la radio Cultivalú dejó en claro su posición, la cual fue apoyada por varias organizaciones periodísticas, como el Instituto de Prensa y Sociedad. Afirmó que su negativa a aceptar dicho spot se debía a que no mencionaba al autor del mismo, en este caso sería el MINEM, y que propalaba información falsa, al afirmar que la Defensoría del Pueblo había declarado improcedente la consulta. (Perú 21, 13 de setiembre).

Lo que está claro es que el Gobierno, desde el Presidente para abajo, intentaba manipular también la opinión pública en defensa cerrada a la Minera Majaz, generalizando el debate en torno a la minería en el país. Lo paradójico es que éste resulta ser el tema de fondo que necesita ser debatido seriamente en todo el territorio. De lo contrario este tipo de conflictos serán más que recurrentes.

Esta manipulación se hace evidente si se toma en cuenta la campaña de desprestigio de diversos medios de comunicación contra las organizaciones sociales y representantes de las comunidades campesinas, que tienen una postura crítica u opositora contra la Minera, que se dio desde finales del 2005. Esta campaña se dio tanto a nivel local como nacional. En uno de esos ataques se mencionó de la existencia de una “red del terror” que buscaba impedir el proyecto minero de Río Blanco (Programa Panorama, 23 de octubre del 2005).

Además, los diversos comentarios de personalidades políticas ligadas al gobierno, en las últimas semanas, como los del Presidente, que hacen mención a la presencia de comunistas en la zona, esconden la intención de reprimir a toda costa cualquier opinión diferente a la postura del gobierno. Todo ello no hace más que restar libertades políticas a una población que se siente afectada por la presencia de la Minera Majaz. En donde el verdadero círculo de terror parece encontrarse en la negatividad del gobierno en dialogar abiertamente, sin tratar de imponer su propia agenda.

Continuará...

8.9.07

"Reanuncio" sobre "Una Pequeña historia del A.P.R.A." (Por Edgar Villegas)

Creo que el amigo Marcayuq me entendió un poco mal, amigos Bloggers. El compromiso de hacer el trabajo está en la palestra; debido a que se tendrán que citar y usar múltiples fuentes demorará más de lo indicado, por lo que cada cierto tiempo aparecerán partes de un capítulo sobre el tema que les he prometido, pero ello no significa que, mientras, no se vayan publicando en el interín otros más sobre temas diversos de la historia: imaginarios, fotografía, teoría, reseñas etc.

¿Qué sería de la propuesta si les soltamos un soneto monocorde? Nuestra apuesta y compromiso es por algo diverso; así que les pedimos, lectores, las disculpas del caso y la próxima semana les tendremos novedades.